Nagore asegura que el Gobierno regional "defenderá ante el TC la Ley aprobada en el Parlamento riojano" sobre fracking

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Íñigo Nagore, ha recordado que el Gobierno regional "va a defender ante el TC la Ley que se aprobó en el Parlamento de La Rioja" sobre el fracking y ha reiterado que "no estamos de acuerdo con la interposición del recurso" por lo que "presentaremos las alegaciones necesarias para presentar nuestra posición".

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Íñigo Nagore, ha recordado que el Gobierno regional "va a defender ante el TC la Ley que se aprobó en el Parlamento de La Rioja" sobre el fracking y ha reiterado que "no estamos de acuerdo con la interposición del recurso" por lo que "presentaremos las alegaciones necesarias para presentar nuestra posición".

El consejero ha respondido así durante la sesión plenaria que se celebra este miércoles en Logroño a la pregunta realizada por parte del diputado del GPM, Rubén Gil Trincado, relativa "a cómo valora el Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que impide el fracking en nuestra comunidad autónoma".

Para Gil Trincado, la respuesta que ha llegado desde Madrid sobre este asunto "es el ejemplo más claro de lo que el PP pinta en Madrid" porque "es un absoluto fracaso del Gobierno regional ante una ley aprobada de forma unánime en este Parlamento".

Además, ha reiterado, "estamos convencidos de que el recurso estaba pactado de antemano" y se ha hecho "el paripé" con una Ley "a sabiendas de que el Gobierno la iba a tumbar".

Finalmente, y ante este asunto, Íñigo Nagore, ha querido reiterar que "lo único que puedo decir es que desde el Gobierno regional vamos a defender ante el TC la Ley que se aprobó en este Parlamento".

"la mejor política industrial"

Por su parte, el consejero de Industria, Innovación y Empleo, Javier Erro, ha reiterado que "la política industrial" que aplica el Gobierno regional "es la más rentable para nuestras empresas".

Erro ha respondido así a la pregunta realizada por parte del diputado del GPM, Rubén Gil Trincado, relativa "a las pérdidas económicas del Gobierno de La Rioja por la ejecución de los avales concedidos por la ADER, al no haber sido devueltos por las empresas que los recibieron".

Para Gil Trincado, la gestión del Gobierno regional "nos obliga a pagar más de un millón de euros en avales concedidos por su Gobierno a empresas que no cumplían los requisitos y que tenían informes técnicos negativos".

Desde el GPM consideran, además que, tras conceder esos avales, "seremos los riojanos quienes los tendremos que pagar".

Ante esta situación, Javier Erro ha reiterado que hay tres vías en las que desde el Gobierno regional están ayudando a las empresas: "en el capital, con avales propios y con avales de Iberaval" y ante ello, ha explicado, "300 empresas se han visto beneficiadas por los avales que les hemos dado y más de 6.000 trabajadores han tenido apoyo mediante estos instrumentos para el mantenimiento de la actividad en las empresas".

Además, ha explicado en cifras, "se han dado más de 40 millones de euros entre los avales del Gobierno de La Rioja y de Iberaval y de ellos, 21,4 millones han sido dados por el Gobierno regional".

Erro ha querido además dejar claro ante el Parlamento que, cuando se da un aval "hay unas comisiones, unos ingresos y hay un coste de estudio externo" además de "un riesgo". Además, ha recordado "damos avales a las empresas que tienen dificultades, y el Gobierno presta avales para que sigan manteniéndose 6.000 puestos de trabajo".

Ante esta situación, ha recordado, ésta es "la política industrial más rentable que hemos hecho entre todos".

"Tenemos ingresos, también costes pero también recuperaciones" y ha recordado que el saldo neto es de "311.740 euros" que, divididos entre los 6.000 puestos de trabajo "sale a 50 euros por trabajador ayudado por el Gobierno de La Rioja".

"vertido incontrolado" de briñas

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Íñigo Nagore, se ha ratificado en su respuesta del anterior pleno ante la pregunta del diputado socialista, Félix Caperos, en relación al "vertido incontrolado" en el río Ebro en Briñas.

Para el GPS, los ciudadanos de Briñas "van a tener que pagar el vertido de tierras de la excavación" ante un Gobierno regional "que encubre al alcalde de la localidad por el único hecho de ser del PP".

Por su parte, Íñigo Nagore, ha vuelto a explicar que dicho vertido "no tiene importancia" ya que "no hay ninguna afección ambiental y no se ha vulnerado la legislación en materia de residuos" y ha asegurado que "no hay delito ecológico ni daño ambiental".

Por lo tanto, lo único que hacen es "una persecución política al alcalde de Briñas" y ha reiterado que desde el PSOE "utilizan cualquier excusa para intentar cargar contra cualquier alcalde del PP".

Proyecto de rotonda

El consejero de Obras Públicas, Antonino Burgos, ha respondido al PSOE que "se va a construir un paso subterráneo en el proyecto de rotonda del peaje de la AP-68" en la ciudad de Calahorra" y "se ajustarán a las condiciones oportunas para su creación" ante la pregunta realizada por el GPS sobre este asunto.

Burgos ha explicado que para realizar este proyecto "se han analizado todas las posibilidades" y no solo eso "sino que se han revisado", como consecuencia del escrito que el PSOE pidió.

Por ello, ha reiterado, "la mejor opción es la construcción del paso subterráneo".

Por su parte, el diputado del GPS, Jesús María García, ha recordado "que dicho paso subterráneo cuenta con 160 metros de longitud y cinco curvas en su recorrido".

Un paso que es "peligroso" sobre todo para "las mujeres". Por ello desde el GPS creen necesario revisar el estudio con sus técnicos porque "se puede hacer un paso mejor".

En su intervención, Burgos ha querido tranquilizar al PSOE porque "la técnico que ha revisado el proyecto ha sido una mujer" y ha recordado que el paso subterráneo "tiene 28 metros de longitud en el cual se ve perfectamente desde la entrada la salida y hay luz artificial".

Médico especialista en reumatología en la fhc

Finalmente, el consejero de Salud, José Ignacio Nieto, ha indicado que el procedimiento de adjudicación de una plaza de médico especialista en Reumatología en la FHC a María Luz de los Mártires "sí ha cumplido todos los requisitos legales".

Ante la respuesta del consejero, la diputada socialista, Inmaculada Ortega, ha asegurado que el Gobierno regional ofrece "un trato de favor para sus familiares y amigos" así como también "para miembros del Gobierno y para altos cargos".

Ante las insinuaciones de Ortega durante su intervención, Nieto ha querido dejar claro que "la plaza se creó, se convocó y se hizo pública" y a ella "acudieron los candidatos que quisieron acudir en las convocatorias de Calahorra". Además, "se constituyó la comisión de selección y se realizó la prueba correspondiente".

Según Ortega, de los Mártires fue "la única que se presentó a la plaza y solo consistió en una entrevista", además, "ella formaba parte del Patronato para elegir y adjudicar esa plaza" y "se cambió la fecha de esa entrevista para que no hubiera control de representantes". Además, posteriormente, "se le concedió una excedencia".

Una situación que "no es muy normal porque así no ocurre en el resto de las plazas". Para el PSOE, esta adjudicación es una expresión más de "la corrupción del Gobierno".

Por su parte, José Ignacio Nieto, ha recordado a Ortega que el Patronato "no tiene capacidad de hacer esas contrataciones, ni convoca ni resuelve los procesos del hospital de Calahorra".

"Venir aquí a decir que ese proceso no es legal es la forma en la que Ortega y su partido manejan los temas que se refieren a personas que pueden tener vinculación con el PP", ha reiterado Nieto.

Además, el consejero de Salud ha indicado que "no ha habido ningún motivo para que desaparezca" dicha plaza adjudicada a María Luz de los Mártires, a pesar de que, según el PSOE, "no se ha puesto en funcionamiento desde 2009".

Para Nieto, el principal problema que tiene el PSOE "es que la plaza la tiene una persona que no está vinculada al PSOE" y lo que están haciendo es "poner en tela de juicio la honorabilidad de un profesional y la de una institución".

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