La Fiscalía Antidroga se ha opuesto a la excarcelación de siete presuntos narcos de nacionalidad siria que fueron interceptados en septiembre de 2013 cuando viajaban en el barco 'Moonlight' con bandera de Sierra Leona, con 8 toneladas de hachís a bordo, al considerar que su detención en el mar de Alborán se produjo "en zona contigua al mar territorial español", a 32 millas de Castell de Ferro (Granada).

En un recurso presentado ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el Ministerio Público asegura que el Servicio de Vigilancia Aduanera ha aportado un informe complementario en el que refleja "que las coordenadas indicadas corresponden a la zona contigua del mar territorial circundante a la Isla de Alborán, que es territorio español".

Antidroga considera que, en este caso, la jurisdicción española goza de competencia para juzgarles ya que "el mar territorial forma parte del territorio nacional y sobre él se ejerce plena soberanía".

El Pleno de la Sala de lo Penal estudió el pasado lunes la puesta en libertad de estos siete sirios, que se dirigían a Alejandría y que se encuentran en prisión preventiva a la espera de juicio. Aplazaron su decisión y solicitaron que se aclarara el punto exacto en el que se produjo su detención.

Los 16 magistrados que componen este órgano sí ordenaron la puesta en libertad de otros 13 presuntos narcos, en este caso marroquíes, que fueron arrestados en aguas internacionales en un barco sin pabellón español que transportaban droga.

Decidieron por mayoría que, tras la reforma de la justicia universal, España no podrá perseguir el delito de narcotráfico cuanto éste sea cometido por personas extranjeras, detenidas en aguas internacionales y que naveguen en barcos de pabellón no español. Debe quedar, además, acreditado que el destino de la mercancía no es España.

La reciente reforma de la justicia universal establece que los tribunales españoles sólo tendrán jurisdicción para investigar la comisión del delito de tráfico de estupefacientes por mar cuando el procedimiento se dirija contra un español, el barco lleve pabellón nacional o cuando existan indicios de que un grupo criminal quiere cometerlo en España.

Antidroga asegura en su escrito que la reforma de la justicia universal refleja de forma "clara" la voluntad del legislador de perseguir estos delitos sin necesidad de conexión con España. Defiende también la aplicación de distintos tratados internacionales que, en su opinión, legitimarían a los tribunales españoles para juzgar estos casos.

La Fiscalía menciona la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado.  Todas ellas reconocen la necesaria cooperación entre los Estados firmantes para eliminar el tráfico ilícito por mar.

La Audiencia Nacional ha puesto en libertad por el momento a 29 presuntos narcos de distintas nacionalidades detenidos en circunstancias similares. A la excarcelación de los 13 marroquíes hay que sumar las libertades ordenadas por los jueces Fernando Andreu y Javier Gómez Bermúdez de otros 16 tripulantes extranjeros, detenidos también cuando transportaban droga por mar.

El Pleno está revisando la excarcelación de 8 de ellos, ordenada por Gómez Bermúdez. Ha reclamado al magistrado instructor que le aporte el expediente completo de la causa tras conocer que existen datos que relacionan el delito con personas de nacionalidad española. Según los datos aportados por el juez ponente Julio de Diego, el Juzgado número 7 de Málaga, que se encargó de las detenciones antes de inhibirse a favor de la Audiencia Nacional, recibió una solicitud policial de intervención de números de teléfono españoles.