Miles y miles de madrileños de la región (casi medio millón) conviven pese a las medidas implantadas por muchos municipios con un molesto vecino, el ruido, de acuerdo a los estudios realizados por los ayuntamientos, el ejecutivo regional y el Ministerio de Fomento. Los botellones, las terrazas el paso de los aviones o el tráfico rodado son las causas más habituales de su dolor de cabeza.

El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, lanzó en 2009 un Plan de Acción en Materia de Contaminación Acústica. La iniciativa pretendía lograr "un Madrid más silencioso, reduciendo los niveles de ruido, previniendo los problemas en el futuro y conservando los espacios silenciosos". Cinco años después, los vecinos de la capital creen que la idea ha tenido "poco o ningún efecto" en su vida diaria.

Hoy, casi 200.000 residentes siguen soportando sonidos que alcanzan o superan los límites legales, establecidos en 65 decibelios durante el día y 55 durante la noche para zonas residenciales. Son prácticamente todos los que viven en las 43 "zonas de conflicto" reconocidas por el propio Consistorio. Ellos iban a ser los beneficiados del plan contra el ruido. Sin embargo, muchos denuncian que las medidas se han quedado cortas.

Este es el caso de los propietarios del distrito Centro, que desde 2010 es Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE). La declaración, ampliada después, implicó la prohibición de instalar nuevos bares de copas, una limitación de la música callejera y un mayor control en el estacionamiento de vehículos. Una vez en vigor, se prohibía superar los 45 decibelios en área residencial y 53 en una zona recreativa, pero los límites no se cumplen.

"No ha bajado el ruido. Como mucho, se ha mantenido. El Ayuntamiento midió el ruido en 2009 y no lo ha vuelto a hacer. En la Cava Baja se abren locales nuevos. El botellón sigue en la Cebada. Nos hemos quejado al Defensor del Pueblo. Los próximo es ir a la Comisión Europea", denuncia Saturnino Vera, presidente de la Asociación de Vecinos Cavas y Costanillas. "Parece que el derecho a las borracheras de los turistas está por encima de cualquier otro, como al descanso en nuestras propias casas", añaden desde el barrio de Ópera-Austrias.

La plataforma que agrupa a las asociaciones del centro pone en solfa, además, la nueva ordenanza de terrazas, aprobada en 2013 y que ha provocado una proliferación de los veladores: "Cada vez hay más y, con ello, más ruido".

A pesar de que la ZPAE no ha servido en el centro, Ana Botella se comprometió a implantarla en el complejo Azca, la calle Orense y aledañas antes de que acabe 2014. "El Ayuntamiento no quería, y se lo hemos ganado en los tribunales", presume Luis Marín, presidente de Comunazca, que agrupa a los presidentes de comunidades de la zona. "Se vallarán los bajos y se restringirán los horarios, si no se cumplen, seguiremos en la vía judicial", apunta.

Los residentes en el área de la calle de Julián Romea (Chamberí) también quieren 'vetar' los bares de copas en Doménico Scarlatti, General Ampudia, General Rodrigo y General Dávila, así como parte del Paseo San Francisco de Sales y de las calles de Andrés Mellado y Guzmán el Bueno. "No tenemos noticias de que se haya avanzado en la ZPAE. Aquí hay botellón, discotecas, peleas... el desmadre habitual", resume Paco Osanz, responsable de la asociación vecinal El Organillo.

Los problemas se extienden a la zona sur, donde 27.965 vecinos de Villaverde están encajonados entre la M-40, las línea C-4 de Cercanías, los polígonos industriales y la Gran Vía de Villaverde, además de la avenida de Andalucía. Las pantallas acústicas, los radares y los semáforos han mitigado, pero no acabado con los sonidos potencialmente dañinos para la salud.

"Instalaron pantallas, pero dejaron fuera los edificios nuevos y parte del barrio. Alegan falta de presupuesto y, con eso, lo arreglan", se resigna una portavoz de la Asociación de Vecinos de Butarque.

La situación, según la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), no es mejor en Arganzuela, Orcasitas, los alrededores de la Vía Carpetana, la M-30 Este. El soterramiento de la M-30 entre Moncloa y Puente de Vallecas eliminó un porcentaje importante de las molestias, pero el colectivo considera que aún faltan medidas de control del tráfico urbano.

Fuera de la capital, la circulación de la A-6 afecta a 42.400 personas entre Madrid y Torrelodones. La A-2 provoca una situación similar a 33.700 vecinos en Torrejón.  La línea C-5 de Cercanías atraviesa los cascos urbanos de Móstoles, Leganés, Fuenlabrada y Alcorcón, mientras que la C-2 hace lo propio en el Coslada, San Fernando y Alcalá de Henares. AENA admite que los vuelos del aeropuerto de Barajas perturban el descanso de, al menos, 43.200 personas.

Entre otras medidas, el Ayuntamiento de Madrid ha apostado por la creación de ciclocalles y por potenciar la red ciclista con la implantación del nuevo sistema de alquiler de bicis, que se pondrá en marcha este mes de mayo. También ha incrementado el control del tráfico mediante radares y ha emprendido la sustitución de los autobuses más ruidosos y contaminantes por otros silenciosos y sostenibles.

En cambio, se ha dejado en el tintero la instalación de pantallas informativas sobre el ruido o la creación de aparcamientos disuasorios para reducir el tráfico y ha incumplido su promesa de reducir el número de locales con terraza, como propuso en su plan de acción de 2009. El control de la contaminación acústica en las zonas de ocio sigue siendo la gran asignatura pendiente.