La Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (USO) de Andalucía ha presentado este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso contencioso-administrativo contra las órdenes de 27 de febrero de 2014 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta andaluza que resuelven la solicitud de conciertos educativos de los doce centros andaluces que imparten el modelo pedagógico de educación diferenciada y a los que pretende mantener la retirada del concierto educativo "de manera progresiva hasta su extinción".

Con este recurso, la central sindical se une a los ya presentados por la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) del colegio 'Altair' y por los propios colegios. Al respecto, fuentes del caso ya indicaron a Europa Press que el TSJA ha decidido admitir a trámite el recurso de cinco de estos centros —los sevillanos Ribamar, Altair, Albaydar, Ángela Guerrero y Nuestra Señora de Lourdes de Carmona— y formalizar una pieza separada respecto a las medidas cautelares solicitadas por los mismos, que pasan por paralizar las disposiciones incluidas en la orden de Educación.

En el recurso de USO, según explica el sindicato en una nota, se ha pedido también al TSJA la suspensión cautelar de las mencionadas órdenes "para evitar el daño irreversible que se podría ocasionar para los trabajadores de los centros y las familias, dadas las fechas en las que nos encontramos".

Desde USO se considera que esta decisión del consejero de Educación, Luciano Alonso, es "arbitraria, injusta, sectaria y enormemente irresponsable", puesto que provoca para los trabajadores afectados por las unidades a las que la administración trata de suprimirles el concierto "un daño extraordinario, ya que podrían perder su puesto de trabajo, a pesar de que son trabajadores de centros muy consolidados y viables en el futuro, con una alta demanda social".

Supone, además, "un ataque frontal contra la libertad de las familias a la hora de elegir el modelo de educación que quieren para sus hijos, derecho consagrado en la Constitución Española".

"Esta obsesión liberticida y uniformizadora del gobierno de Andalucía ya provocó durante el pasado curso la pérdida de unos 70 puestos de trabajo: si, finalmente, la Junta prosiguiera con su actual política de acoso a estos centros, destruiría para el próximo curso otros 55 puestos de trabajo más, correspondientes a 34 nuevas unidades", remarca el sindicato.

Con ello, al final del proceso se habrían "liquidado" 289 puestos de trabajo directos —de plantilla— entre docentes y personal de administración y servicios, además de otro grupo de trabajadores de contratas externas —comedor, limpieza, transporte, etcétera—, superior a otros 100 trabajadores. "Hacer semejante destrozo, unos 400 puestos de trabajo, en una comunidad autónoma como Andalucía nos parece un auténtico dislate", ha manifestado.

Ahora, con una nueva ley educativa en vigor —la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce)— que contiene una "sustancial" modificación del artículo 84.3 de la anterior Ley Orgánica de Educación (LOE) y una disposición transitoria favorable a los conciertos educativos a los centros de educación diferenciada, la USO tiene "confianza cierta y fundada en que esta vez el TSJA, con el nuevo marco normativo, impedirá la barbaridad que nuevamente pretende infligir el gobierno andaluz a familias y a trabajadores".