El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha manifestado este martes que el alcalde de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), cuenta con "facturas" para defenderse de las acusaciones que pesan en su contra a cuenta de la grabación sonora en la que el contable de la ya extinta sociedad Comunicación Municipal (ACM), disuelta y liquidada en 2013 por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, aludiría a la financiación de diversos gastos privados, incluso del propio alcalde, con cargo a los fondos de esta empresa municipal.

En rueda de prensa, Rodríguez Villalobos ha evaluado la situación suscitada en Alcalá de Guadaíra después de que la Fiscalía de Dos Hermanas haya elevado a la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) las actuaciones correspondientes a la grabación sonora en la que el contable de la ya extinta sociedad Comunicación Municipal explicaría la financiación de diversos gastos privados, incluso del propio Gutiérrez Limones, con cargo a los fondos de esta empresa pública.

La grabación fue elevada a la Fiscalía el 19 de junio de 2013 por el conjunto de las fuerzas de oposición y el Ministerio Público de Dos Hermanas ha resuelto elevar las actuaciones a la Fiscalía del Supremo al tratarse del "órgano competente para su instrucción", toda vez que el alcalde alcalareño, Antonio Gutiérrez Limones, goza como es sabido de la condición de aforado al ostentar un acta de senador por la comunidad autónoma de Andalucía.

"Limones tiene facturas de haber pagado esos viajes", ha manifestado Rodríguez Villalobos, quien avisa de que "es relativamente fácil denunciar" y de que la sociedad está inmersa en una dinámica en la que en lugar de ser necesario demostrar las acusaciones, el acusado es obligado a "justificar su inocencia". "Estamos ya en un ambiente preelectoral", ha considerado poniendo de relieve que "hoy no tenemos respeto unos por otros".

En ese sentido, han manifestado que después de que el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero le señalase como supuesto partícipe de la trama de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, y la juez Mercedes Alaya ordenase indagar tal extremo, "todavía no he recibido ni una llamada".