El PP de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se ha pronunciado este lunes en torno a las actuaciones de la Fiscalía de Dos Hermanas correspondientes a la grabación sonora en la que el contable de la ya extinta sociedad Comunicación Municipal (ACM), disuelta y liquidada en 2013 por el Ayuntamiento de Alcalá, aludiría a la financiación de diversos gastos privados, incluso del propio alcalde, con cargo a los fondos de esta empresa municipal.

En un comunicado, los populares han manifestado que tuvieron acceso a facturas y grabaciones de conversaciones "constitutivas de presuntos delitos en relación" con la empresa municipal y que, junto al resto de formaciones políticas, lo pusieron en manos de la fiscalía en el mes de junio de 2013, "mientras que el gobierno lo llama campaña de acoso, el PP lo llama justicia".

Así, María del Carmen R. Hornillo, que ha mostrado su sorpresa por la reacción del gobierno al negarlo todo y al calificar la investigación de acoso, ha advertido al alcalde que lo seguirá haciendo con todo aquello que entienda que pueda ser ilegal y vaya en contra de los intereses de la ciudad, entre otras cuestiones, "porque es mi responsabilidad con los ciudadanos de Alcalá controlar que toda la gestión municipal se haga conforma a ley, sobre todo cuando se trata del dinero que con tanto esfuerzo confían los alcalareños al gobierno local".

El caso de acm

El PP ha recordado que ya en multitud de ocasiones denunció públicamente la gestión de esta empresa "supuestamente pública", una sociedad que gastaba cantidades ingentes de dinero, al menos un millón de euros cada año, que se le transferían desde el Ayuntamiento y que ahora se está demostrando que, en colaboración con algunos acólitos del alcalde, ha sido "la caja B de dónde echar mano al dinero público".

Esta empresa, según el PP alcalareño, ha supuesto un cheque en blanco para que el alcalde y algunos de su círculo más cercano, hayan realizado gastos "difícilmente confesables o reconocibles", gastos a costa de los ciudadanos que ahora deberán de explicar y justificar.

A raíz de la Ley del gobierno central, en la que se obligaba a liquidar este tipo de sociedades deficitarias, es cuando Gutiérrez Limones "se da por aludido" y ve la ocasión propicia para desmontar el entramado de una empresa pública "que ya tenía demasiadas cosas que ocultar", pero eso sí, "sin dar explicaciones ni mostrar las cuentas a los partidos de la oposición".

Así, tras el cierre y liquidación de ACM, "que ha supuesto un agujero de millones de euros para los alcalareños, la cúpula que dirigía la empresa sigue en la plantilla municipal en distintos cargos confeccionados a medida para ellos" dentro de otras empresas públicas.

Al supremo

El PP, que ha tenido conocimiento de que la fiscalía de Dos Hermanas ha dado por terminadas sus investigaciones y que el caso lo ha elevado a la fiscalía del Tribunal Supremo, ha valorado muy positivamente este avance en la aclaración de los posibles delitos que se hayan podido fraguar desde esta empresa pública "que gestionaba, básicamente, el marketing y propaganda de Antonio Gutiérrez Limones".

Por otro lado, los populares han calificado de "lamentable" el comunicado del gobierno que niega toda irregularidad en la empresa, "estamos acostumbrados a que el equipo de Limones niegue siempre las evidencias", pero en este caso, no reconocer absolutamente nada, "pone en cuestión el trabajo de la fiscalía".

Hornillo ha declarado que este caso es una consecuencia más de "una forma de gobernar", una forma que Gutiérrez Limones viene practicando desde hace casi 20 años, "amplias mayorías han permitido campar a sus anchas a un alcalde que tenía muy claras sus aspiraciones y las formas de conseguirlo, pero el tiempo, desgraciadamente para él, pone a todo el mundo en su sitio", además, ha invitado a Gutiérrez Limones a "que deje de negar las evidencias y empiece a dar explicaciones a los ciudadanos".