El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está "estudiando" la queja que el presidente del Parlamento andaluz, el socialista Manuel Gracia, elevó ante este órgano por los dos autos emitidos el pasado mes de marzo por la juez Mercedes Alaya en los que pedía investigar el papel de la Cámara en el caso de los ERE fraudulentos.

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas el vocal del CGPJ Gerardo Martínez Tristán, que se ha reunido este lunes en Granada junto a otros vocales con el presidente del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río. Según ha explicado, el artículo 423 de la Ley del Poder Judicial "regula y disciplina" este tipo de situaciones.

En concreto, establece que es "el promotor de la acción disciplinaria" el que debe, dentro del Consejo, realizar el estudio "pertinente" de la misma y elevarlo a los "órganos correspondientes". "Esto aún no se ha producido, está en estudio", ha aclarado.

El presidente del Parlamento andaluz, el socialista Manuel Gracia, se quejó de que las peticiones de Alaya podían suponer una "posible afectación al ejercicio de las funciones de los parlamentarios, el respeto al principio de separación de poderes y a la propia inviolabilidad del Parlamento".

La queja se refería en concreto a dos autos sucesivos dictados por Alaya el pasado mes de marzo en los que instaba a la Intervención General del Estado a indagar sobre "qué pudo conocer" la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz —actual Comisión de Hacienda y Administración Pública— "sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General".

El primero, dictado el 3 de marzo, fue inmediatamente recurrido por la Fiscalía Anticorrupción, ante lo que la magistrada dictó una nueva providencia el día 13 en la que "acotó el objeto de examen a dicha comisión" y no a la totalidad del Parlamento andaluz.

El escrito recuerda los argumentos ofrecidos por la juez en su primer auto de 3 de marzo, donde menciona al Parlamento, y después en el auto de 13 de marzo, en el que hace puntualizaciones pero insiste en el requerimiento de informe de la Intervención General del Estado sobre el papel de la Comisión de Economía y Hacienda, "acotando para ello el objeto de examen a dicha Comisión" con el objetivo de "salvar las evidentes dudas legales de lo dispuesto en su Resolución anterior".