Perder la casa por el bien común
Cualquier administración, estatal, autonómica o local, puede llevar a cabo la expropiación. (Archivo)
En algunas ocasiones, los intereses de los poderes públicos pueden chocar con los de algunos ciudadanos. Es el caso de la construcción de infraestructuras o bienes públicos en terrenos privados, que suelen acabar con la expropiación forzosa de los bienes privados, ya sean viviendas, locales o terrenos.

La ley señala que este procedimiento, al que el propietario no se puede negar, puede ser llevado acabo por cualquier administración –estatal, autonómica o municipal–, siempre que se haya hecho previamente la declaración de utilidad pública o interés social de aquello que se quiere expropiar.

Negociar el justo precio

El expediente se inicia con la declaración de la necesidad de ocupación, que se ha de notificar a todos los propietarios afectados. Éstos podrán expresar las alegaciones que consideren necesarias.

Si, tras la evaluación de esas alegaciones, la expropiación sigue adelante, la administración deberá tasar los bienes para fijar la indemnización, conocida como justo precio. A partir de entonces, el propietario tiene dos posibilidades: llegar a un acuerdo amistoso o presentar una nueva tasación, para lo que dispone de un plazo máximo de quince días. La administración puede rechazarla y hacer una contraoferta.

Un largo proceso

Si transcurren otros quince días sin acuerdo, será el Jurado Provincial de Expropiación el encargado de fijar la indemnización. Esta decisión, contra la que se puede presentar un recurso contencioso-administrativo, puede retrasarse varios años.

Si pasan dos años sin que se haya producido el pago de la indemnización al propietario, se deberá tasar otra vez el objeto de la expropiación para fijar un nuevo justo precio de la vivienda o del terreno, acorde a los nuevos valores del mercado.

Lo que se da se puede quitar

Desde 1999, la ley contempla el derecho de reversión, que permite al propietario o a sus herederos recuperar la totalidad o parte de lo expropiado, previa devolución de un nuevo justo precio, si la administración lo desafecta; es decir, ya no lo considera de utilidad pública, o si no se ejecuta la obra en los dos años siguientes a la expropiación. A partir de ese momento, hay un plazo máximo de tres meses para reclamar ese derecho.