El consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, ha tachado este domingo el caso sobre las supuestas irregularidades en cursos de formación para desempleados "no es más que un bulo", y ha criticado que hablar de "otro fraude masivo" en la Comunidad Autónoma es "ensuciar, insultar y echar tinta negra sobre Andalucía".

"Según mis noticias lo único que está investigando la Fiscalía y la Policía son irregularidades que pueden alcanzar como mucho 1,5 millones de euros", ha explicado De Llera, quien ha lamentado que, sin embargo, "ya se está hablando de 2.000 millones de euros y de que es un fraude masivo".

En palabras del consejero de Justicia, "lo que indigna es que encima la información se utilice torticeramente emitiendo mensajes a la sociedad de que hay otro gran fraude masivo".

Preguntado sobre si considera que lo mejor es que el caso se judicialice, el consejero ha sostenido que "lógicamente su sede es el juzgado", a la vez que ha señalado que "tanto tiempo" sin que ese paso se haya producido "me parece realmente excesivo".

"Si el fiscal ve que hay posibilidades de la comisión de un delito, lo que tiene que hacer es presentar una querella en el juzgado cuanto antes, y asumir inmediatamente su función acusadora en defensa del interés general por la persecución de los delitos", ha explicado.

A su juicio, lo contrario "impide a todas las partes interesadas poderse personar en esa investigación, en una instrucción judicial, y les impide ejercer su derecho de defensa".

En este sentido, De Llera ha recordado que el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha criticado la repercusión de este caso, insistiendo en que "un asunto que ni siquiera está judicializado no se puede comunicar con esa ligereza".

"Eso lo único que hace es perjudicar a Andalucía y a los intereses de los andaluces una vez más, y no podemos permitirlo", ha apostillado el titular de Justicia andaluz.

Por otro lado, con respecto al caso de los ERE, De Llera ha rechazado "juzgar" la decisión de la juez Alaya de volver a imputar a dos exdirectores generales del Gobierno andaluz Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano, después de que la Audiencia Provincial de Sevilla anulara la imputación de ambos.

"Mi responsabilidad es trabajar por la justicia de todos los asuntos que se lleven en Andalucía, un miembro del gobierno tiene que gobernar y no juzgar", ha señalado. "No voy a juzgar las decisiones que adopta ningún juez", ha concluido.