La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la relaciones con el Tribunal de Cuentas tiene previsto debatir este lunes las propuestas de PP y PSOE para evitar deficiencias en los contratos para campañas publicidad institucional que firman los ayuntamientos y que vienen poniendo de relieve los distintos informes realizados por el órgano fiscalizador.

En concreto, la comisión discutirá las propuestas de resolución que los dos grupos mayoritarios han presentado al informe de fiscalización sobre los contratos de publicidad y comunicación institucional suscritos por las principales Entidades locales durante los años 2005, 2006 y 2007.

En sus iniciativas, a las que ha tenido Europa Press, el PP asume las conclusiones a la que ha llegado el Tribunal de Cuentas y remarca que "el Estado debe velar" por que la normativa autonómica, aceptando su heterogeneidad, ha de resultar homogénea en determinados aspectos.

Así, plantea que las Cortes insten al Gobierno a dar instrucciones a los órganos periféricos de la Administración General del Estado para que se "verifique la escrupulosa adecuación a las exigencias de la legislación básica" de la actividad contractual vinculada con la publicidad institucional que desarrollan los ayuntamientos.

Además, persiguen que el Congreso y el Senado, siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, emplacen a las entidades locales a circunscribir las actividades de publicidad institucional "a su utilización como medios de información y educación a los ciudadanos" y a precisar, en la proyección de la campaña, "los objetivos a alcanzar racional y económicamente, así como los sistemas de medición".

El psoe pone el foco en las grandes ciudades

En contraste con las propuestas generales del PP, las de los socialistas incluyen llamamientos concretos a los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza —cuyos contratos en materia de publicidad institucional fiscalizó el órgano que preside Ramón Álvarez de Miranda— para que adopten las recomendaciones realizadas por el tribunal.

Entre otras cosas, pretenden que las Cortes insten a los citados consistorios a tomar medidas para lograr una "adecuada justificación en la efectiva realización de las prestaciones contratadas", a hacer una correcta justificación de los gastos derivados y de los expedientes modificados de esos contratos, así como a evitar deficiencias en su adjudicación.

También buscan que se emplace a estos seis ayuntamientos a planificar previamente con rigor y claridad los objetivos a alcanzar con los contratos y a controlar a posteriori si se cumplieron los objetivos marcados.