El Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía ha elevado una pregunta con ruego de respuesta escrita al Consejo de Gobierno andaluz en el que le cuestiona por el criterio seguido por el Ejecutivo autonómico a la hora de encomendar la acreditación profesional comprometida de los monitores administrativos de centros educativos andaluces a una organización sindical determinada.

En la cuestión, consultada por Europa Press, la diputada María Francisca Carazo interroga asimismo a la Junta por el procedimiento utilizado y por el posible coste económico de la operación, instando a detallar, en caso afirmativo, la cuantía del mismo y la partida presupuestaria afectada.

Cabe recordar que el sindicato UGT-A dio cuenta de la firma de un convenio con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía a fin de llevar a cabo el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales para el colectivo, al objeto de permitir la obtención de la cualificación de 'Asistencia documental y de gestión en dependencias de oficinas'.

Con la acción impulsada UGT aseguraba dar respuesta a "la demanda del colectivo de monitores escolares que han perdido su puesto de trabajo por no tener la cualificación necesaria, a pesar de haber venido trabajando como apoyo administrativo de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria de Andalucía".

En cuanto a la situación de los monitores, éstos han decidido tomar la decisión de aplazar un acto de protesta tras conversaciones con los representantes de las federaciones de Enseñanza de los sindicatos CCOO y UGT y con la propia Consejería de Educación, Cultura y Deporte al ver que, pese a que no hay comunicación oficial aún, "todo apunta bien" respecto al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Junta y el acatamiento de las sentencias de los Juzgados de lo Social números 1 y 2 de Córdoba, que considera improcedentes los despidos de 16 de estos trabajadores.

El sector reconoce que las sentencias de Córdoba "nos han levantado mucho el ánimo" y se muestra confiado en que la vista celebrada este martes en el Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz, que es el juicio que más casos lleva hasta ahora representados, con 36, y que ha quedado visto para sentencia, tenga una resolución similar.

En concreto, los fallos cordobeses, consultados por Europa Press, declaran la improcedencia del despido de estos monitores, ejecutado con fecha 15 de noviembre de 2013, así como la existencia de una cesión "ilegal" de trabajadores y el derecho de los afectados a adquirir la condición de empleados indefinidos discontinuos a tiempo parcial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que debe ahora readmitirlos, con abono de salarios de tramitación, o indemnizarles.

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