A partir de ahora, los morosos de fuera (reúnen la mayoría de las 150.000 sanciones impagadas, del total de 200.000 impuestas en 2006) podrán ver embargadas sus cuentas e, incluso, se les requisarán las devoluciones previstas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Pagar por cobrar
La creación de esta unidad especial supondrá un coste de 640.000 euros, mientras que las sanciones impagadas ascienden a 6,2 millones de euros.
Razones sobradas para su implantación, según avanzó ayer el concejal de Hacienda y portavoz municipal, José Ignacio Cuervo.
El Ajuntament ha conseguido cobrar ya de forma manual 600 sanciones a no residentes, lo que se agilizará ahora con la implantación de un sistema informático.
Convenio con los ayuntamientos
Un convenio firmado entre la Generalitat y el Ajuntament permitirá el embargo de cuentas a morosos, tras un acuerdo que también han suscrito las entidades financieras y bancarias.
La mayoría de los impagos proceden de ciudadanos cuya relación laboral está en la ciudad pero que residen en el área metropolitana.
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