El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha asegurado este viernes que llevará a los tribunales la reforma de la planta judicial si incumple algún punto del Estatuto de Autonomía. Ha afirmado que ninguna sede judicial desplazada "se va a cerrar", ya que las 13 existentes en la Comunidad Autónoma cumplen siete de los nueve requisitos del artículo 84 del nuevo borrador del anteproyecto de ley.

Ha respondido de este modo a una interpelación del diputado del PSOE, Carlos Tomás, en la sesión plenaria de las Cortes. El borrador "ha cambiado muchísimo" la redacción original, que obligaba a las sedes judiciales desplazadas, las ubicadas en pequeños municipios, a cumplir dos de tres requisitos; estar radicadas en localidades de al menos 100.000 habitantes, estar como mínimo a 80 kilómetros o más de una hora de distancia de la capital provincial y tener una carga de trabajo relevante, lo que de llevarse a cabo hubiera obligado a cerrar ocho o nueve juzgados. "Hubiera sido devastador", ha reconocido.

Bermúdez de Castro ha dejado claro que el Gobierno de Aragón siempre ha puesto de manifiesto que "no es lo mismo Aragón que Madrid, Valencia o Extremadura" y que ha enviado una carta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para solicitarle que atendiese a los criterios que interesan a la Comunidad Autónoma.

Bermúdez de Castro ha señalado que los nuevos criterios para mantener sedes son el volumen y la dispersión de la población provincial, la distancia de la sede desplazada a capital de provincia, el tiempo de desplazamiento en transporte público y el carácter uniprovincial.

También, las especiales características geográficas y orográficas, así como las dificultades de desplazamiento a la capital de provincia, la insularidad, la existencia y posibilidad de aprovechamiento de edificios en sedes desplazadas y la posibilidad de amortización de las inversiones realizadas.

El titular de Presidencia y Justicia ha subrayado que con el traslado de las sedes desplazadas a las capitales provinciales "no se produce un recorte de gasto", puesto que también serían trasladados los funcionarios y otras fuentes de coste. Ha comentado que el Ministerio pretende reorganizar la Administración de Justicia.

"Que hayamos ido todos los partidos, TSJA, Fiscalía, e incluso sindicatos de la mano ha sido muy bueno para que este tema haya quedado más o menos solucionado", ha expresado el consejero, quien ha dejado claro que el Ejecutivo regional se posicionaría "radicalmente en contra" de esta iniciativa si se presentara con el borrador inicial y ha recordado que, una vez se apruebe esta ley estatal, las Cortes autónomas deberán aprobar una norma legal señalando cuáles son las sedes judiciales de Aragón.

En opinión del consejero, "lo más importante es que un ciudadano tenga el juzgado lo más cerca de casa", que los aragoneses que viven fuera de las tres capitales sepan que tienen cerca un servicio de administración de Justicia, un abogado, un procurador.

Entre los temas pendientes ha mencionado la profesionalización de los juzgados de paz y la reforma de los registros civiles, "que a mí me preocupa", ha dicho Bermúdez.

"PROVINCIALIZACIÓN"

Carlos Tomás ha alertado de que el anteproyecto pretende reagrupar las sedes judiciales en las capitales provinciales y que "en el caso de Aragón podemos asistir a la supresión de 13 partidos judiciales, provocando una provincialización" de este servicio.

Ha manifestado el rechazo del PSOE a la reorganización de los juzgados de primera instancia e instrucción y ha preguntado al consejero si el motivo para acometer esta reforma es transformar completamente la Administración de Justicia o adaptarla a la realidad demográfica y social de España.

El parlamentario socialista ha reivindicado que en la elaboración de esta nueva norma influyan los operadores jurídicos y las comunidades autónomas, defendiendo la reforma de la demarcación y planta judicial "siempre y cuándo esto se realice desde el máximo consenso".

A juicio de Carlos Tomás, "la motivación del Gobierno tiene más que ver con un interés de recorte" y además el Ejecutivo central ha cedido a las "pretensiones corporativas" de determinados miembros del Poder Judicial.