El PSdeG ha organizado este jueves unas jornadas para analizar las reformas en el ámbito de la Justicia y tanto jueces como fiscales y abogados han coincidido a la hora de criticar la subida de las tasas y la supresión de 41 de los 45 partidos judiciales existentes en Galicia.

Estas jornadas han sido inauguradas por el secretario xeral de los socialista gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, quien ha acusado al Gobierno de estar intentando llevar a cabo "una mutación constitucional encubierta" a través de estas modificaciones.

De hecho, sin querer ser "alarmista", ha hecho hincapié en que suponen "un ataque frontal y encubierto a la cláusula del Estado social y democrático de derecho", pues persiguen "más control de la Justicia por el Ejecutivo" y "mayor dificultad de la ciudadanía en el acceso a este servicio público esencial".

Además, ha alertado de que el PP "confunde la representación de la soberanía con el ejercicio de la soberanía" y de que "cree firmemente que puede, e incluso debe, alterar la sociedad para adaptarla a su modelo ideológico".

Con esta guía, ha proseguido, "poco a poco, piedra a piedra", el PP va "desmontando el edificio común" con modificaciones normativas que "en cada ámbito y sector van plasmando un modelo diferente" al que engloba el Estado social y democrático de derecho.

La justicia,

"producto de lujo"

"Pregonando ser los garantes de la Constitución y de las medidas par salvar la patria, lo que hacen es cambiar el modelo de Estado", ha resumido Besteiro, para detallar que el PP pretende que sea "más frío y alejado de la gente normal" y "menos prestador de servicios".

Pero esta concepción "netamente liberal" del Estado en el plano económico choca con su perspectiva "un poco menos liberal" en lo que atañe a las libertades personales, que están ahora "más intervenidas".

Y, centrado en el asunto a debate, el socialista lucense ha criticado que "parece que la Justicia se está convirtiendo en un producto de lujo en vez de un servicio público" que sea "realmente garante de los derechos de los ciudadanos".

Tras esta censura a la subida de las tasas y a las limitaciones para acceder a la justicia gratuita, ha hecho referencia a la reforma de la planta judicial para advertir de que "si el alejamiento de los servicios es siempre un problema, en este caso, y teniendo en cuenta las peculiaridades de la organización territorial de Galicia, es aún más grave".

"en contra de los ciudadanos"

A renglón seguido, el portavoz de Xuíces para a Democracia, Luis Villares, ha cargado contra las reformas emprendidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y ha recordado que tienen "contestación" desde "todos" los ámbitos de la sociedad.

En lo que atañe al diseño de la nueva planta judicial, ha criticado que no se haga en base a "una visión integral del territorio", pues es "injustificada" y "contraria a toda lógica" la supresión de "todos" los partidos judiciales salvo los radicados en las capitales de provincia.

La obligación de que los ciudadanos se trasladen, unida a la subida de las tasas y a los recortes en justicia gratuita, le lleva a opinar que las reformas buscan "alejar" a la sociedad de la Justicia. Más aún, ha considerado que se están haciendo "en contra de los ciudadanos" y de su derecho de acceso a la Justicia.

"la corrupción"

El segundo turno fue para el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García Ortiz, quien ha cuestionado "la forma de legislar" del Gobierno, sin buscar el "consenso" ni para reformar una ley orgánica como es la que rige sobre el Poder Judicial. "No es el camino", ha advertido.

Centrado en aspectos concretos de este anteproyecto, ha señalado que su exposición de motivos "asusta" por cómo justifica que se establezca como "vinculante" la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Sus argumentos residen en la necesidad de dotar de "certeza y previsibilidad" al ordenamiento jurídico español pues lo contrario sería "un desincentivo" para los operadores económicos internos y para "la atracción de inversión extranjera".

"Lo que desincentiva la inversión extranjera será la corrupción", ha sentenciado el fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, y ha aprovechado para reclamar medidas "paralegislativas" para combatir el "problema endémico" que la corrupción en esta sociedad.

Finalmente, ha indicado que la justicia "también en un servicio público" y, por tanto, al igual que, por ejemplo, la sanidad, su implantación debe superar "estructuras del siglo XIX" como la provincia.

Justicia "inasequible"

Por último, la presidenta del Consello da Avogacía Galega, Nieves Santomé, ha alertado de que las reformas de Gallardón —que ha lamentado que acometa "sin consenso"— están convirtiendo la Justicia en algo "lejano" y "caro".

Y, tras constatar que la subida de las tasas está haciendo de la Justicia un servicio "inasequible" y, por tanto, está "privando a muchos de un derecho fundamental", ha reprochado la "lentitud" que está teniendo el Tribunal Constitucional a la hora de resolver los recursos de inconstitucionalidad presentados.

En cuanto a la supresión de partidos judiciales, ha juzgado que tampoco se sustenta en una base económica, pues cerrar los tribunales que ahora están funcionando supondría "desperdiciar" la inversión hecha y construir nuevos edificios en las capitales de provincia para albergar todos los asuntos.

Por ello, desde el convencimiento de que las reformas judiciales ya aprobadas o en marcha son "totalmente desafortunadas", ha pedido al Gobierno que tenga "sentidiño" y tome decisiones "pensando en los destinatarios" de la Justicia.