Los tres grupos políticos con representación en la corporación de Santiago de Compostela —PP, PSOE y BNG— han suscrito un acuerdo por el que piden que la capital gallega se mantenga como partido judicial con tribunal de instancia y que continúe, al menos, con los servicios con los que cuenta en la actualidad.

El pasado martes, los portavoces acordaron llevar a este pleno una declaración institucional en defensa de la actual planta judicial de Compostela y contra la eliminación de servicios judiciales con la desaparición del partido judicial que propone la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así, en el documento firmado, reclaman que en los criterios que definan la futura planta judicial en el territorio gallego sean tenidos en cuenta las cuestiones relacionadas con las características socioeconómicas, geográficas y poblacionales, a la hora de reconocer como partido judicial con tribunal de instancia la estructura existente en la actualidad en Santiago y en otras poblaciones gallegas.

El pacto también contempla dar traslado del acuerdo al Ministerio de Justicia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado, al Fiscal General del Estado y al Consello da Avogacía Galega.

"muy perjudicial"

En el escrito, la corporación de Santiago considera que la demarcación de los tribunales de instancia establecida con un ámbito provincial sería "muy perjudicial" para la capital gallega y para el conjunto de Galicia.

Por el contrario, estima, "debería tener en cuenta las particularidades y especificidades propias de Santiago como capital de Galicia y cabecera actual de un partido judicial", que, agrega, "tiene una carga de trabajo considerable". Actualmente cuenta con seis juzgados de primera instancia, tres de instrucción, tres de lo social, dos de lo contencioso-administrativo, dos de lo penal, una sección de la audiencia provincial, el Imelga y una Fiscalía de Área.

La corporación compostelana señala que la propuesta del anteproyecto de ley "obvia que fue la practicidad en el ejercicio de la jurisdicción y el volumen de asuntos existente" los que provocaron que la estructura estrictamente provincial fuese abandonada en algunas ciudades españolas, entre ellas, Santiago de Compostela, "dada la necesidad de favorecer el incardinamiento de instituciones reguladas inicialmente como provinciales —Imelga, Fiscalía, juzgados de lo contencioso-administrativo, de lo penal y de los social, y secciones de la Audiencia Provincial—".

Es por ello que advierte de que la supresión de la actual estructura, que responde a una "evolución" de la Justicia derivada de las propias circunstancias socioeconómicas del territorio, "suponen un retroceso que desconoce la necesidad revelada en los últimos años de que determinados ámbitos geográficos gallegos se constituyan como un centro de referencia en la organización judicial, con una organización estable".

Así las cosas, avisa de que trasladar fuera de la actual sede los órganos existentes "limitará su funcionalidad" y "perjudicará la efectividad del servicio". De tal forma, añade, que incluso la eliminación de alguno de los partidos judiciales más periféricos "necesariamente debería comportar el incremento de las sedes actuales de Santiago, ya actualmente insuficientes".