La Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Parlamento de Andalucía ha aprobado con el voto a favor de PSOE e IU y el voto en contra del PP una proposición no de ley elevada por el Grupo Socialista en la que insta a la Junta a dirigirse al Gobierno de la Nación para que "paralice la implantación" de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que el Ejecutivo andaluz ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC).

El PSOE, por medio del diputado Francisco Menacho, ha explicado que, una vez en vigor la ley, ya no procede reclamar, como anteriormente, su retirada, y sí su paralización, al ser la normativa "con más contestación dentro de la historia de España".

Para ello, se ha basado en los motivos de falta de tiempo material para su implantación y de recursos económicos, con el carácter "elitista y segregador", así como "anticonstitucional", de una ley que, considera, dispara el gasto público.

A estos argumentos se ha adherido la parlamentaria por IULV-CA Marina Segura, para la cual con el "apresurado" calendario implantado es "imposible" poner en marcha la contrarreforma. Por ello, y apoyándose en el dictamen de, entre otros, el Consejo Escolar de Estado, o las quejas de Hacienda y de las propias comunidades del PP, ha recalcado la necesidad de exigir al Ministerio la "paralización inmediata" de la Lomce y la "anulación" de sus efectos "perversos".

Por parte del Grupo Popular, el diputado Miguel Ángel Arauz ha lamentado los argumentos de un Ejecutivo autonómico que "ha permitido que los jóvenes hayan renunciado a su formación para luego no encontrar trabajo por no tener ésta". Asimismo, ha recordado que el Consejo Consultivo ha "recortado" las pretensiones de la Junta al declarar procedente solo una parte del recurso ante el TC, y ha aludido a la conveniencia de "primar los intereses de los jóvenes".