El director general de Economía Social y Autónomos de la Consejería de Economía, Carlos Teresa Heredia, uno de los siete cargos de dicho departamento y de los otros dos exmandatarios que han declarado hoy ante el juez por presunta prevaricación administrativa, ha sostenido que los contratos formalizados por la Junta se hicieron dentro de la más absoluta legalidad y siguiendo las directrices marcadas por ley.

Teresa, cuya declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, José María Crespo, ha sido, junto con la de Juan Carlos Martínez, jefe de Servicio de Actuaciones Estratégicas Comerciales, la que más se ha alargado en el tiempo, en ambos casos no más de veinte minutos, ha sido el único que ha atendido a los medios de comunicación para mostrar su "absoluta tranquilidad" y voluntad de colaborar con el instructor en todo aquello que precise.

Su tranquilidad, tal y como ha apuntado en declaraciones recogidas por Europa Press, se fundamenta en la convicción de que "los procedimientos seguidos han sido los establecidos al efecto y con el cumplimiento absoluto y total de la normativa legal", rechanzado de este modo supuestos tratos de favor a determinadas empresas en la adjudicación de servicios que, según entiende el Consejo de Cuentas, se hicieron sin licitación pública utilizando el ardid de fragmentar los contratos para no superar los 18.000 euros de presupuesto.

El director general de Economía Social y Autónomos, quien cuando se efectuó la contratación sometida ahora investigación judicial ocupaba el cargo de director general de Comercio, ha declinado entrar en más profundidades "por respeto a la autoridad judicial", si bien ha insistido en que los procedimientos seguidos se ajustaron en todo momento a la normativa vigente.

Su interrogatorio, en calidad de imputado, ha tomado el relevo, en idéntica condición, a los prestados por Rafael Llanos Berrocal, jefe del Servicio de Prevención; Miguel Ángel Díez Mediavilla, quien fuera director general de Trabajo y hoy inspector de trabajo de la Administración central; Juan Carlos Martínez González, jefe de Servicio de Actuaciones Estratégicas Comerciales (Dirección General de Comercio); Nuria García Prieto, interventora delegada; José María Casas Inclán, coordinador de Servicios (Dirección General de Comercio), y Ana María Lorenzo Fernández, jefe de Servicio (Dirección General de Comercio).

Cada una de estas declaraciones se han prolongado por espacio de no más de diez minutos, al igual que ha ocurrido con los dos últimos interrogados, los sometidos Juan Carlos Gamazo Chillón, jefe de Servicio de Análisis Económico (Dirección General de Economía) y a Víctor Valverde Gómez, en la época de los hechos investigados director general de Economía y en la actualidad profesor en la Universidad de Valladolid.

El instructor, antes de adoptar una decisión, bien a través de auto de sobreseimiento de las diligencias o de imputación, deberá determinar si los interrogados tramitaron o no distintos expedientes de manera contraria a Derecho; es decir, si contratos de diferentes eventos que debían haberse ofrecidos mediante licitación pública—tal como obliga la ley al superar los 18.000 euros—han sido divididos en diferentes partes (aunque formaran un todo del mismo objeto) con el fin de que su valor fuera menor y poderse asi adjudicar directamente.

La apertura de la presente vía penal, tras la denuncia presentada por Fiscalía Anticorrupción, tiene su origen en una auditoría del Consejo de Cuentas de Castilla y León que, en su informe de 2010, detectó unos contratos (la mayoría de Valladolid y otros de León) en los que se había partido el importe de los eventos para no superar los límites de la adjudicación directa, y así elegir a la empresas adjudicatarias sin licitación pública.