La comisión de Agricultura del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles una proposición no de ley defendida por IULV-CA, que ha contado con el apoyo del PSOE-A y el rechazo del PP-A, en la que se pide a la Junta una moratoria en Andalucía sobre la liberación de los organismos modificados genéticamente para la agricultura, alimentación y medio ambiente.

Todo ello, según las competencias recogidas en el Decreto 320/2010, de 29 de junio, por el que se regulan los órganos competentes y los procedimientos administrativos en materia de utilización confinada y liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente.

La redacción de este primer punto de la iniciativa ha sido modificada tras una enmienda 'in voce' presentada por el PSOE-A y aceptada por IULV-CA. En el texto inicial se pedía a la Junta "una moratoria inmediata para la prohibición de las actividades para la utilización confinada y liberación voluntaria de los organismos modificados genéticamente para la agricultura, alimentación y medio ambiente...".

También se han aprobado los otros dos puntos de la iniciativa. En el primero de ellos se demanda que la Junta inste al Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a que haga lo mismo para los caso establecidos en el artículo 3.2 de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente.

En el segundo punto se solicita una modificación del Decreto 320/2010, de 29 de junio, por el que se regulan los órganos competentes y los procedimientos administrativos en materia de utilización confinada y liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente, para la inclusión de la sociedad civil (personas productoras y consumidoras) en el Comité Andaluz de Control de Organismos Modificados Genéticamente.

En su defensa de la iniciativa, la diputada de IULV-CA Dolores Quintana ha recordado que en el acuerdo de gobierno se recoge el establecimiento de una moratoria sobre la liberación de cultivos transgénicos hasta que se lleve a cabo la revisión de la normativa española en esta materia, y que el pasado 26 de septiembre se aprobó una proposición no de ley en el Parlamento en la que se pedía que la Junta prohibiera los cultivos transgénicos en espacios naturales protegidos y en zonas donde la producción ecológica tiene una presencia importante.

Asimismo, Quintana ha destacado que la Junta tiene competencias en los cultivos experimentales con transgénicos, según recoge el Decreto 320/2010, de 29 de junio, por el que se regulan los órganos competentes y los procedimientos administrativos en materia de utilización confinada y liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente.

Dichas competencias abarcan la aprobación de autorizaciones relativas a las actividades para la utilización confinada y liberación voluntaria de los organismos modificados genéticamente, salvo los casos previstos en el artículo 3.2 de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente.