El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha apelado este miércoles al consenso de los partidos políticos andaluces para posibilitar un cambio en la estructura organizativa de la justicia. También ha advertido a la Junta de que "no sirve de nada mandar" más jueces de refuerzo a los juzgados si al mismo tiempo éstos no se dotan de medios personales.

Lorenzo del Río ha comparecido en la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento andaluz para presentar la Memoria anual de actividades y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2013, que previamente entregó al presidente de la Cámara, Manuel Gracia. Del Río ha indicado que, sin duda, hay que transformar la justicia en Andalucía y recoger las demandas de las distintas memorias del TSJA, al tiempo que ha insistido en que el juez tiene que ir acompañado de un refuerzo de personal en los juzgados.

Ha querido dejar claro además que, en ningún momento, se apuesta en la memoria por una flexibilidad o "merma de derechos" del personal de la justicia. Del Río ha indicado que, sin duda, se necesita cambiar la estructura organizativa de la justicia, por lo que ha pedido un esfuerzo de las fuerzas políticas en esta materia, porque el "consenso es básico" y "la justicia se lo merece".

Según los datos facilitados por Del Río en la comisión, los órganos judiciales de Andalucía registraron en 2013 un total de 1.856.887 asuntos, un número muy similar al del año anterior, aunque con una ligera bajada del tres por ciento, en la línea habitual desde 2007, y, por otra parte, aunque se mantienen los altos niveles de pendencia, en un total de 548.606 asuntos por resolver, el índice experimenta un descenso del 7 por ciento.

Ha considerado que se mantiene una tasa de ingresos "demasiado elevada", que impide, "con los actuales recursos y déficit organizativo", dar una respuesta "de calidad y en tiempo razonable". Andalucía sigue con un porcentaje en torno al 20 por ciento de la litigiosidad nacional, con una tasa de 220 asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes.

Por jurisdicciones, destacan la civil, con un 7 por ciento menos de volumen general de ingreso de asuntos; la social, con un descenso del 5 por ciento (aunque el porcentaje se eleva en la segunda instancia, de forma que en la Sala de lo Social existe un descenso medio global del 8 por ciento); y la contencioso administrativa, con un 3 por ciento menos (aunque la incidencia es mucho más relevante en la segunda instancia, de forma que en la Sala de lo Contencioso Administrativo existió en 2013 un descenso medio global del 13 por ciento).

En las audiencias provinciales existió un descenso medio global del 20 por ciento, que oscila significativamente por provincias del 19 al 29 por ciento, y en la jurisdicción penal experimentó también una bajada del 2 por ciento con respecto a 2012.

Los procedimientos penales supusieron el pasado año el 78 por ciento del total de asuntos registrados, en línea y proporción de años precedentes, evidenciando que la reforma de esta jurisdicción "sigue siendo una de las mayores responsabilidades y asignaturas pendientes del legislador". En el otro extremo, se sitúa el porcentaje relativo a la jurisdicción social (un 4 por ciento) y contencioso administrativa (un 2 por ciento), mientras que la jurisdicción civil supone un 16 por ciento del total de asuntos ingresados.

En los descensos del número de asuntos, según ha indicado el presidente del Alto Tribunal andaluz, ha repercutido fundamentalmente la ley de tasas, aunque también han tenido incidencia otros dos factores: la no recurribilidad de procedimientos civiles de cuantía inferior a 3.000 euros, así como la obligada imposición de costas en el orden contencioso administrativo, que ya significó en el año 2012 un descenso del 25 por ciento.

Según ha señalado Del Río, el "dato positivo" es que los órganos judiciales andaluces se sitúan en un nivel de productividad "bueno", ya que se han resuelto en todos los órdenes jurisdiccionales (excepto en el orden social) más asuntos de los ingresados, por lo que la pendencia a final de año ha disminuido un 7 por ciento, lo cual se puede interpretar como "una mejora en la situación del conjunto de las jurisdicciones".

La memoria refleja que el problema sigue siendo la tasa de congestión, que indica la carga total de trabajo (asuntos registrados más pendientes), superior a los asuntos que se resuelven, lo que significa realmente que la valoración final "no puede ser satisfactoria por la dificultad de rebajar el volumen de asuntos pendientes con la actual planta judicial".

Una de las disfunciones más importantes de las recogidas por el TSJA en su Memoria anual es el porcentaje de suspensiones de juicios y vistas, que supuso el pasado año de un 25 por ciento, oscilando entre el 20 por ciento de la jurisdicción penal y el 39 por ciento de la jurisdicción social.

Los grupos reclaman mejoras en la justicia

Por su parte, el diputado del PP-A Ramón Ferreira ha señalado que esta nueva memoria recoge el "mismo diagnóstico, los mismo problemas, y las mismas recetas" que anteriores, con "muy poca mejoría" en el servicio de la justicia en Andalucía. A su juicio, se ha vuelto a "perder un año" y esta es una legislatura "perdida" para la administración de justicia.

Ha puesto el acento en la necesidad de una urgente reordenación de efectivos, que es una competencia exclusiva de la Junta, que está demostrando "incapacidad y falta de proyecto" en esta materia. En cuanto a las infraestructuras judiciales, ha señalado que en todo el territorio andaluz hay proyectos "estancados y perdidos" y no se han cumplido los compromisos del Gobierno andaluz en esta materia.

La parlamentaria del PSOE-A Antonia Moro, que ha apuntado que la memoria es una herramienta "valiosa" sobre las dificultades y retos de la administración de justicia, ha expresado que en Andalucía se ha hecho un esfuerzo y ha habido un claro compromiso del Gobierno andaluz con la mejora y modernización de este servicio público, en materia de nuevas tecnologías o de dotación de personal, a pesar de las dificultades presupuestarias actuales.

Ha recalcado que el objetivo del Ejecutivo andaluz es propiciar una mayor calidad en el servicio de la justicia y ha criticado que el Gobierno central, en cambio, haya rebajado la dotación de jueces año tras año, así como la partida para este servicio por habitante, con lo que "no apuesta debidamente por la justicia". También ha aludido a las consecuencias "perversas" que ha tenido para los ciudadanos la Ley de tasas.

La diputada de IULV-CA Alba Doblas ha expresado su preocupación por la situación de los funcionarios de los juzgados, cuya plantilla se apuesta por reducir para luego "parchearla" por personal de refuerzo, que no es plantilla orgánica dotada presupuestariamente en el capítulo de personal de los presupuestos de la comunidad, lo que "implica precariedad laboral".

Ha mostrado su preocupación por que se plantee una "movilidad salvaje" del personal de justicia, según peticiones de jueces por colapso en determinados juzgados, sin que se atienda realmente a las causas objetivas por las que se tiene ese colapso en determinados órganos. A su juicio, la verdadera base para la modernización de la justicia pasa también por una verdadera revolución informática, evitando los actuales "colapsos".