El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto la ronda de comparecencias de agentes sociales en el seno de la Comisión de Presidencia del Parlamento de Andalucía con motivo de la tramitación del proyecto de Ley de Transparencia Pública andaluza, una normativa que ha puesto en valor y de la cual ha dado una primera impresión "positiva", a pesar de algunas "lagunas".

Durante su intervención, Maeztu ha elevado un requerimiento referido a su interés en la adopción de medidas que refuercen el comportamiento ético de altos cargos y representantes de la función pública, "no contemplado en este proyecto legal".

Si bien ha reconocido que "no es que necesariamente esta ley deba integrarlas", el Defensor ha hecho hincapié en que la existencia de conductas que se aparten de una actuación conforme al interés general y bajo el objetivo de imparcialidad conlleva una "quiebra" de la confianza de la ciudadanía en los poderes públicos. Por ello, ha calificado de "indispensable" que a nivel autonómico se establezca una regulación al respecto, "ya sea en ésta o en otra ley diferente", habida cuenta de que, además, en el ámbito estatal y en el de otras comunidades autónomas ello sí se prevé.

Es éste uno de los principales puntos recalcados por Maeztu en su valoración, en la que ha destacado que la iniciativa se materializará en derechos y principios constitucionales y estatutarios que "mejoran y profundizan en la efectividad de la democracia".

Y es que con la misma "se da respuesta a una exigencia insistente de la sociedad", con un control de actuación para "detectar malos funcionamientos" y un acceso a la información pública que permitiría conocer las mejoras de gestión.

"En general, nos parece adecuada en su contenido y articulación", ha agregado el Defensor del Pueblo Andaluz, recalcando algunas mejoras respecto a las previsiones de la Ley Estatal de Transparencia, como en las exigencias de publicación por parte de los sujetos obligados a ello. También destaca la "decidida" apuesta por las nuevas tecnologías y su utilización para potenciar la difusión y el acceso.

La norma,

"un gran avance"

No obstante, en su opinión algunos aspectos no se desarrollan lo suficiente, como el relativo a la información estadística necesaria para la valoración de cumplimiento o la información relacionada con la aceptación o rechazo de alegaciones y observaciones.

Para Maeztu, uno de los aspectos "capitales" es, en el marco de las garantías incorporadas, la creación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, con funciones que, según ha recordado, "algunos incluso consideran que podrían encajar en el Defensor del Pueblo": en cualquier caso, sí ha mostrado su interés por formar parte de la comisión consultiva, de manera similar a cómo el Defensor del Pueblo estatal forma parte del organismo homólogo.

El Defensor, que reclama que este instrumento sea "realmente efectivo", subraya la necesidad de que el mismo se rija bajo los principios de "inmediatez, accesibilidad, independencia y confianza de la ciudadanía". Con todo, ve en la norma "un gran avance en el acceso a la información y la transparencia, indispensable para la democracia y para favorecer la participación ciudadana en asuntos públicos".

"Esta ley por sí sola no cambiará la sociedad y la percepción ciudadana sobre la clase política, pero sí supondrá, caso de aprobarse, dar importantes pasos para recuperar esa confianza", ha apostillado Maeztu, que ha expuesto su convicción de que "más vale cumplir un 100 por ciento de mínimos que un 25 por ciento de máximos".

Por parte de los grupos, el portavoz parlamentario por IULV-CA José Antonio Castro, ha manifestado que la ley que se debate es "de extremada importancia" y ha recalcado las posibles atribuciones de control del Defensor. La diputada del PSOE Verónica Pérez ha señalado que su grupo tendrá en cuenta las propuestas de Maeztu respecto a una normativa que "revolucionará la forma de relacionarse de las administraciones con la ciudadanía". Por último, el parlamentario del PP Rafael Salas ha destacado la sugerencia de contemplar una serie de principios éticos y ha indicado que la ley no solo debe ser de transparencia, sino "de buen gobierno".