El PRC ha tachado de "varapalo judicial" al Gobierno regional (PP) la confirmación del Tribunal Supremo de la improcedencia de los despidos de cuatro trabajadores de la empresa pública de emergencias —antes SEMCA (Servicios de Emergencia de Cantabria) y ahora 112 Emergencias— y cree que confirma la "política de tierra quemada" que practica el Ejecutivo "con el dinero de todos los cántabros".

"Los cántabros tendremos que pagar las consecuencias de este despropósito una vez más", se ha quejado en rueda de prensa la diputada regionalista Rosa Valdés un día después de conocer el auto del Supremo que confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que declaraba improcedentes los despidos.

Valdés ha lamentado que, a pesar de ello, la consejera responsable de las emergencias, que es la de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, no dimita y que el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, no la cese, cuando, a su juicio, "no será por falta de motivos".

Ha censurado que se mantenga a Díaz en su puesto después de que, en su opinión, ha dejado "prácticamente desmantelada" la entidad pública, "jugando con la seguridad de todos los cántabros" y "atacando a trabajadores cualificados para colocar a enchufados".

La diputada ha denunciado que, a su juicio, el Gobierno esté empleando dinero de todos en "venganzas estériles contra los empleados públicos y sus adversarios políticos".

"Es la tónica de este Gobierno de la venganza, la inacción y la incompetencia que cosecha reveses judiciales en cadena, tropezando una y mil veces en la piedra de su rencor", ha dicho Valdés, quien, para justificar su afirmación, se ha referido a la reiteración del archivo de la causa contra el empresario Sergio Vélez por el asunto de los cuadros desparecidos propiedas del patrimonio regional que fueron encontrados en su nave.

VALDÉS:

El prc "tenía razón"

A su juicio, el auto del Supremo que confirma la sentencia del TSJC de mayo de 2013 que declara improcedentes estos despidos del SEMCA demuestra que el PRC "tenía razón" cuando denunciaba la "injusticia" y el "error" de la actuación de Díaz al "desmantelar" el servicio; "descapitalizarle de recursos", "inventarse quiebras económicas" y despedir a trabajadores que habían ganado su plaza por oposición por una "mera venganza política".

Para Valdés, el TSJC primero y ahora el Supremo han negado "de manera contundente" las causas económicas y las organizativas aludidas por el Gobierno, que deberá indemnizar a los trabajadores despedidos, además de asumir las costas judiciales.

En opinión de la regionalista, los tribunales han confirmado que la quiebra del SEMCA era "falsa" y solo fue "la excusa" para cambiar el modelo de emergencias poniendo la rentabilidad económica "por encima" de la social; que los despidos fueron "injustos, disfriminatorios" y "no se justificaban" en causas económicas o en necesidades organizativas.

Valdés ha señalado que el "desatino" cometido, en su opinión, por el Ejecutivo regional se está pagando "muy caro" en la atención de emergencias y también desde el punto de vista económico, al estarse "despilfarrando medios, recursos y personal altamente profesional que deberá ser indemnizado y que se ha perdido para la Protección Civil de Cantabria".

Los regionalistas preguntarán en el Pleno del Parlamento de Cantabria del 28 de abril sobre la política de emergencias del Gobierno regional.

La confirmación de la improcendia de los despidos

Los cuatro trabajadores despedidos, todos ellos del sindicato SIEP, desempeñaban funciones como coordinadora del 112, técnico de sistemas y comunicaciones (dos) y administrativo, y uno de ellos ostentaba la condición de representante legal de los trabajadores.

El Juzgado de lo Social nº 3 de Santander desestimó en noviembre de 2012 la demanda por despido presentada por los trabajadores. En mayo de 2013, el TSJC revocó la sentencia de primera instancia y declaró la improcedencia de los despidos porque el Gobierno no aportó datos económicos de los meses anteriores al despido y no especificó en qué consistía la reorganización anunciada.

El Gobierno presentó ante el Supremo un recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que alega que sí se acreditó la situación de pérdidas de la empresa pública a través de los resultados negativos obtenidos en los ejercicios anteriores, y que basta con acreditar las pérdidas continuadas para estimar que la amortización del puesto de trabajo sirve para superar la situación de crisis económica.

"No es idéntica la situación de una sociedad anónima que pertenece al 100% del Gobierno de Cantabria, y que procede a despedir a los trabajadores esgrimiendo causas económicas y organizativas, alegando un resultado negativo en la cuenta de pérdidas y ganancias de los años 2009-2011 (...) de la situación de una empresa que tiene dos actividades, de restauración y de peluquería y belleza, que cierra como consecuencia de las pérdidas del local de restauración, procediendo a despedir a las trabajadoras que prestaban servicios en la misma".

El PRC ha censurado y calificado de "lamentable" la jurisprudencia aludida por el Gobiero para defender sus pretensiones, utilizando como "referencia comparativa" en su recurso el ejercio de una actividad empresarial de peluquería, de restaurante de comida rápida o una fundición.