El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha pedido al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que "dé instrucciones" a los Servicios Sociales municipales para que se hagan los informes sobre la situación de las familias de la Corrala Utopía, al tiempo que le acusa de "llevar reventando la solución al problema de la Corrala desde hace dos años".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Maíllo ha señalado que el problema del Ayuntamiento es que "debería tener lealtad institucional y dedicarse a actualizar los informes de Servicios Sociales". En este sentido, indica que "hay que preguntar" a Zoido por qué "no lo ha hecho aún", y asegura que el alcalde "lleva reventando la solución al problema de la Corrala desde hace dos años". Además, le emplaza a que "dé instrucciones a los Servicios Sociales para que hagan esos informes, que nos van a dar la clave de toda la información sobre esas familias".

Sobre las declaraciones del Partido Popular andaluz de que si no comparece la presidenta de la Junta, Susana Díaz, pedirá una comisión de investigación sobre este asunto, Maíllo ha afirmado que "a veces no tiene palabras sobre la insolvencia de la oposición del PP-A", que "tiene una oportunidad magnífica de escuchar a la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, que ha pedido una comparecencia voluntaria en la que va a explicar todo", de modo que "va a ver cómo en el Gobierno en el que está IU se explican las cosas con claridad, y con la solvencia y el rigor que ellos son incapaces de hacer en cualquier actuación".

Por tanto, Maíllo pide "tranquilidad y sosiego" porque Cortés "va a dar todas las explicaciones", lo que, a su juicio, "demuestra la voluntad de transparencia". Además, dice que "no hay que olvidar" que cuando el PP-A "vio que iba a haber una solución para el realojo transitorio de estas familias con Ibercaja y la Junta, lo reventó con ese desalojo que estaba aparcado a la vista de un preacuerdo, simplemente para evitar que hubiera una solución a este problema", porque el PP-A "no ha consentido ni quiere consentir que este problema tenga una solución que no sea la de echar a la gente".

Pero, "hay un mandato judicial que dice que las administraciones tienen que proveer para un realojo por un sentido mínimo de decencia política", en un proceso que "es de realojo y no de adjudicación de vivienda, ni nunca lo ha sido", precisa el secretario general.

Así, Maíllo ha reiterado que el Ayuntamiento "no se ha pronunciado" y ha dicho que eso "es lo que tiene que hacer", porque en situaciones de emergencia y excepcionalidad "se debe actuar con atención a la gente". Por tanto, "lo que tiene que hacer es dar la orden de que los técnicos hagan los informes de Servicios Sociales y dejen que lo hagan con rigor", y una vez hechos "las conclusiones van a ser claras", puesto que "no hay duda de que es gente que necesita ayuda de las administraciones".