El IASS solicita mejorar la colaboración con instituciones y entidades locales implicadas en la tramitación del IAI

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha solicitado la colaboración de las instituciones y entidades locales implicadas en la gestión del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) para una "mejor coordinación" y evitar el envío de expedientes "incompletos".

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha solicitado la colaboración de las instituciones y entidades locales implicadas en la gestión del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) para una "mejor coordinación" y evitar el envío de expedientes "incompletos".

En este sentido, desde el Ejecutivo autonómico han puesto de manifiesto que de los 2.699 expedientes recibidos con solicitud del IAI desde la ciudad de Zaragoza en los últimos seis meses se han tenido que completar 1.723, es decir, un 64 por ciento.

Concretamente, el Gobierno de Aragón ha precisado en una nota de prensa que se ha tenido que solicitar nueva documentación a 1.048 expedientes, de los cuales era obligatoria en 720 expedientes y complementaria en 328. Además, a 675 expedientes les faltaba uno de los datos esenciales como el dato referente al IRPF.

Desde el Ejecutivo han indicado a Europa Press que hay que "subsanar cuanto antes esta situación" para no generar "falsas exceptivas" a las personas que están esperando a que se resuelvan sus expedientes.

Desde el Gobierno de Aragón también han reiterado que el importe destinado al IAI en tres años se ha multiplicado por cuatro, pasando de 6,5 millones de euros en 2011 a 28 en 2014. Además, ha comenzado el 2014 sin lista de espera, lo que "demuestra claramente la apuesta del actual Gobierno por esta importante y delicada ayuda".

El Ejecutivo ha recordado que el IAI tiene una asignación mínima de 441 euros mensuales y una máxima de 621,26 euros mensuales. En 2009, lo percibieron de media 761 personas; en 2010, 1.656; en 2011, 2.496; en 2012, 3.163, y en 2013, 4.437 personas. En la actualidad, lo reciben 5.500 beneficiarios.

REFORMA

El Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia ha recordado que la reforma de la ley que regula esta ayuda, en tramitación en las Cortes de Aragón, regula "dos caminos de inserción distintos, que no son incompatibles, la inclusión social y la laboral".

Asimismo, pretende equipararla a la normativa vigente en el resto de Comunidades autónomas, especialmente a las limítrofes con Aragón, con el objetivo final de que "llegue a los ciudadanos aragoneses que más lo necesiten".

En este sentido, el Ejecutivo ha precisado que las condiciones socioeconómicas actuales "han creado un nuevo perfil de solicitante, que no se encuentra en una situación estricta de exclusión, sino que ha perdido su empleo y agotado las prestaciones y subsidios, y al que se debe dar respuesta, ayudándole a cubrir sus necesidades básicas y las de su familia mientras busca trabajo, que es su demanda fundamental".

El nuevo IAI también prioriza a solicitantes con cargas familiares. Así, en la propuesta de reforma el intervalo de edad de los titulares de la prestación está entre los 25 y los 65 años, que coincide con el que existe en todas las Comunidades y Ciudades Autónomas.

No obstante, también podrán ser titulares los menores de 25 años que tengan a su cargo menores o discapacitados, procedan de instituciones de tutela a menores, o sean huérfanos de padre y madre, así como las mujeres víctimas de violencia doméstica y los mayores de 65 años que no perciban pensión no contributiva.

Por otra parte, el periodo de empadronamiento y de residencia legal para ser titular de la prestación será de dos años equiparándolo a las Comunidades de Navarra, Cataluña y Comunidad Valenciana, mientras que en La Rioja que exigen tres. Los solicitantes extranjeros deberán acreditar, igualmente, dos años de residencia legal e ininterrumpida en España para poder recibir la prestación.

No se exigirán estos requisitos a las mujeres víctimas de violencia doméstica, ni a quienes hayan sido objeto de acogimiento familiar, o procedan de instituciones de protección de menores. Por otra parte, la reforma también quiere aumentar el control y supervisión para garantizar su correcta aplicación, según han sostenido las mismas fuentes.

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