El Gobierno de Cantabria ha promovido la inspección de 197 establecimientos en 19 localidades de la región, dentro de la campaña de inspección precios, etiquetado e información facilitada por los comercios con la finalidad de proteger la seguridad, salud y los intereses económicos de los consumidores.

La iniciativa ha sido desarrollada por la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio de Cantabria, a través de la Dirección General de Consumo y Comercio, durante el pasado mes de febrero.

Los inspectores han visitado un total de 197 establecimientos de todo tipo y rama de actividad: alimentación (pescaderías, carnicerías, fruterías, congelados, herbolarios y alimentación indistinta); productos industriales (regalos, ferreterías, cristalerías, ópticas, mueblerías, recambios de automóviles, joyerías/relojerías, mercerías, zapaterías, textiles/moda, complementos, fotografías, deportes, electrónica, vehículos marítimos, boutiques, librerías, informática, floristerías, lencerías, moda y zapatería infantil) y servicios (tintorerías, peluquerías, reparación de calzado y talleres de reparación de automóviles).

Con motivo de esta iniciativa, se han visitado 19 localidades: Santander, Torrelavega, Maliaño, Muriedas, Castro Urdiales, Laredo, El Astillero, Los Corrales de Buelna, Cabezón de la sal, Comillas, Colindres, Renedo, Reinosa, Santa Cruz de Bezana, Santoña, Sarón, Somo, Solares, y Suances, dentro de las labores periódicas de control de mercado.

Entre las conclusiones destaca que la gran mayoría de establecimientos cumplían "todos" los extremos requeridos y únicamente ha sido preciso efectuar 42 advertencias. Hasta el momento sólo se ha propuesto la apertura de un procedimiento sancionador.

En los trabajos de inspección se han comprobado seis cuestiones: La exposición del horario en la puerta del local, así como la disponibilidad al público de las hojas de reclamaciones oficiales; que figura anunciada correctamente toda la información necesaria y suficiente relativa a los precios de los productos ofrecidos, tanto en el interior del establecimiento como en los escaparates; así como el precio por unidad de medida en los casos en que sea exigido por la normativa.

También se ha comprobado si los productos llevan el etiquetado obligatorio en español y que, cuando sea preceptivo, van acompañados de las instrucciones de uso y las advertencias de seguridad suficientes, así como que la información expuesta o los anuncios utilizados no induzca a error.

Finalmente, se ha comprobado que los medios y formas de pago admitidos por los establecimientos de manera habitual no son limitados, rechazados o gravada su utilización, y que se entregan los preceptivos justificantes de adquisición, y que su contenido cumple los requisitos que exige la normativa.