El Ayuntamiento de Mejorada del Campo, gobernado por el PP, ha denunciado a la Comunidad de Madrid ante la Sala de los Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia por el retraso en la legalización de unas 600 casas de 2.000 vecinos del municipio.

Las edificaciones, en su mayoría chalés unifamiliares con huertas y piscinas, fueron levantadas por sus dueños a partir de los años 80. Así surgieron las urbanizaciones Villaflores, El Balcón, El Tallar y Huertos Familiares (después rebautizada como Las Acacias), que hoy ocupan alrededor de 3 kilómetros cuadrados, el 20% de la superficie total del término municipal.

Muchos propietarios edificaron a sabiendas de que su casa estaba al margen del planeamiento. Otros, sin embargo, fueron engañados por 'empresarios' que subdividían parcelas agrícolas —un método prohibido por ley— y las vendían bajo la promesa de que los trámites urbanísticos estaban casi resueltos. De hecho, tres de los promotores de Villaflores fueron encarcelados por estafar a 84 compradores.

En 1985, el gobierno de Joaquín Leguina (PSOE) promulgó una ley de amnistía para regularizar 137  núcleos similares a estos que habían nacido por toda la región. Al concluir el plazo de 3 años, Mejorada solo pudo incluir en su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) los Huertos Familiares. La inclusión de Villaflores, El Balcón y El Tallar quedó aplazada sine die debido a la proximidad del vertedero de La Rendija II.

Hoy, el vertedero está clausurado, colmatado y recuperado. El Ayuntamiento defiende que, al desaparecer el factor que impidió seguir adelante con el proceso, las urbanizaciones pueden ser legalizadas. Sin embargo, los técnicos de la Comunidad de Madrid que deben dar el visto bueno se niegan a hacerlo.

"Alegan que hay otro vertedero, pero ese se hizo a posteriori y nada tiene que ver. También dicen que los vecinos se encuentran dentro de la huella sonora de la Terminal 4 de Barajas, por lo que no deberían estar ahí, pero Aviación Civil se ha comprometido por escrito a insonorizar las viviendas, porque ya estaban ahí cuando se amplió el aeropuerto", explica a 20minutos Jose Ángel Parrilla, concejal de Urbanismo de Mejorada.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio alega que, aunque el vertedero fue sellado en 2008, la ley establece un régimen de vigilancia posterior de 30 años. Además, en las proximidades hay un depósito de residuos industriales. "El informe previo de análisis ambiental contó con el informe desfavorable de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento. En noviembre de 2012 se devolvió el expediente al Ayuntamiento para que aportara los estudios técnicos que avalen la viabilidad de las urbanizaciones y las medidas para corregir las afecciones, sin que hasta la fecha se haya recibido documento alguno", añade el departamento que dirige Borja Sarasola.

Estas dilaciones, que ya criticó el Defensor del Pueblo en 2005, son las que han provocado que la corporación municipal recurra a la Justicia como última salida: "Llevamos así 30 años y ya es hora de dar una solución. Para nosotros no es suelo rústico, sino urbano no consolidado, pero en el planeamiento figura como un 'agujero' sin calificación. Queremos integrarlo en el municipio y que, al menos y de momento, se nos permita ofrecer los servicios básicos a estos vecinos, que ocupan el 20% del término municipal".

Además, el Ayuntamiento reclama 50 millones de euros al Ejecutivo de Ignacio González en concepto de "reposición por inactividad en reclamación de responsabilidad" o, lo que es lo mismo, por el dinero que ha dejado de ingresar por las licencias urbanísticas y por las zonas verdes y equipamientos que no ha podido construir.

De momento, los vecinos de Villaflores, El Balcón y El Tallar carecen de servicio de basuras, alumbrado, alcantarillado y luz. Se las apañan mediante paneles solares o con grupos electrógenos, al igual que los habitantes de otras miles de casas ilegales de la Comunidad. En 2006, el Canal les denunció por sustraer 130 millones de litros, aunque la mayoría tienen ya contratos firmados. La comunidad de propietarios de los Huertos Familiares, por ejemplo, detalló a este diario que su contrato data de 2005. Antes de ese año, el suministro corría a cargo de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH).

"En 30 años nadie nos ha escuchado. Pagamos al Ayuntamiento el IBI y la tasa de basuras, pero no disfrutamos de ningún derecho, solo de las obligaciones. Los que están más alejados del casco urbano tienen que caminar 46 minutos para tirar la basura", critica Víctor, uno de los afectados. "Como suele pasar en estos casos, al no haber una gran inmobiliaria detrás con intereses, contactos o incluso posibles corrupciones, no se ha urbanizado", denuncia.