El alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, ha manifestado que si no se cambia el modelo de gestión de la Empresa Municipal de Aguas de ña localidad 30 vecinos podrían perder sus puestos de trabajo.

Tras la anulación del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de la adjudicación de la gestión mixta del servicio de agua en la empresa Aguas de Alcázar, Ortega ha insistido en que se trata de una resolución dictada por un órgano administrativo no jurisdiccional en relación a un par de cuestiones formales "que están siendo modificadas por los técnicos del Ayuntamiento".

El primer edil ha señalado en que con el cambio de gestión se pretende mejorar el servicio, mantener los precios y "dar viabilidad" a una empresa de aguas que "el propio exalcalde José Fernando Sánchez Bódalo reconoció ante los tribunales que estaba en quiebra en 2009".

Además, y tras recordar que la justicia ha dado la razón hasta en tres ocasiones al equipo de Gobierno, ha señalado que se pretende mantener el puesto de trabajo de 30 vecinos de la localidad, "detrás de los cuales hay 30 familias, que podrían quedarse en la calle si hiciéramos caso a las pretensiones del PSOE", según ha informado el PP en nota de prensa.

Ortega ha indicado que el PSOE "no está legitimado" para pedir ceses porque mantiene como concejal y vicepresidente de la Diputación a Sánchez Bódalo, que está imputado por haber cometido presuntos delitos de prevaricación administrativa o tráfico de influencias, entre otros.

Por su parte, el portavoz adjunto del PP de Castilla-La Mancha y senador, Miguel Ángel Rodríguez, ha asegurado que "causa bochorno escuchar cómo Sánchez Bódalo ataca a Diego Ortega por intentar salvar lo que él hundió".