España devuelve a Marruecos a los siete inmigrantes llegados a una de las islas Chafarinas

Imagen de satélite de las Islas Chafarinas, un archipiélago español situado frente a la costa de Marruecos.
Imagen de satélite de las Islas Chafarinas, un archipiélago español situado frente a la costa de Marruecos.
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Imagen de satélite de las Islas Chafarinas, un archipiélago español situado frente a la costa de Marruecos.

Las autoridades españolas han devuelto a Marruecos a los siete inmigrantes de origen subsahariano que llegaron la noche del pasado lunes en una pequeña embarcación a una de las islas Chafarinas, un pequeño archipiélago situado a unas 27 millas náuticas de Melilla.

Según ha informado en un comunicado la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, Marruecos se ha hecho cargo de los siete inmigrantes, los tres que permanecían en el islote y los cuatro que durante la madrugada de este miércoles fueron trasladados en helicóptero a Melilla para unas pruebas forenses, que determinaron la mayoría de edad de todos ellos.

Los subsaharianos llegaron a la Isla del Congreso, una de las tres que componen el archipiélago de Chafarinas, en una lancha neumática, provista de un motor de 15 caballos.

Los inmigrantes, que se encontraban en buen estado de salud, fueron atendidos desde un principio por la guarnición militar destinada en Chafarinas, quienes les facilitaron raciones de comida y agua. Además, fueron sometidos a un chequeo médico que descartó que hubiera enfermos o heridos entre ellos y quedaron a cobijo en una caseta usada habitualmente por biólogos que desarrollan estudios científicos en el archipiélago.

La Delegación del Gobierno defiende que a todos los inmigrantes se les ha aplicado "escrupulosamente" la legislación vigente, incluidas las pruebas de verificación de los cuatro subsaharianos que habían manifestado "falsamente" que eran menores de edad, una estrategia utilizada con el fin de "forzar" su entrada en España.

Las ONG Caminando Fronteras y Coordinadora de Barrios informaban este martes que estos siete inmigrantes pedían asistencia y asilo al Gobierno español. La última ONG presentó, además, una queja en la oficina del Defensor del Pueblo, que dirige Soledad Becerril, solicitando la "intervención urgente" de la institución para asegurar que se preste la "debida atención médica" y que se aplique la ley de extranjería, en el sentido de que ciudadanos de países en conflicto puedan solicitar "protección internacional" y evitar "las devoluciones en caliente".

La queja subrayaba la petición de proveer a estas personas de asistencia "humanitaria, sanitaria y legal". Las fuentes de la institución han apuntado que, en caso de confirmarse la situación, actuaría de manera similar a como lo hizo cuando llegaron 83 inmigrantes a la isla Tierra en 2012, para garantizar la asistencia necesaria y el respeto de los derechos humanos. En aquella ocasión, España y Marruecos se repartieron a los inmigrantes, que fueron desalojados de la isla de madrugada. España acogió sólo a los menores y a sus madres, mientras que el resto de inmigrantes fueron entregados al Gobierno marroquí.

La Delegación en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha advertido al Gobierno que la denegación de asilo a los siete inmigrantes que llegaron este martes a las islas Chafarinas contravendría la legislación vigente y los compromisos internacionales. En un comunicado, ACNUR muestra su "preocupación" por la situación de estos siete inmigrantes, que según las últimas informaciones quedarán a disposición de las autoridades marroquíes, y traslada su confianza en que las autoridades españolas "adoptarán todas las medidas pertinentes para reparar la situación creada".

En base a la información de la que dispone, ACNUR explica que ha tenido conocimiento de que los inmigrantes de Chafarinas, a través de su abogada, habían informado a las autoridades de su intención de solicitar asilo en España. Por ello, la organización se puso en contacto con el Ministerio de Interior para reclamar que estas personas pudieran presentar de manera oficial su solicitud de asilo conforme establece la ley.

"En caso de que se confirmara la información recibida, estos hechos supondrían una denegación del acceso al procedimiento de asilo en España, lo que contravendría la legislación vigente y los compromisos internacionales adquiridos por España", advierte ACNUR.

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