Las seis Escuelas Familiares Agrarias (EFA), así como el colegio 'Zalima' de Córdoba, han cerrado este martes con la interposición de sus propios recursos la ronda de acciones judiciales ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por vía contencioso-administrativa por parte de los centros de educación diferenciada por sexo andaluces, tras la negativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta a la concesión del concierto, en una decisión idéntica a la del pasado ejercicio, en base a jurisprudencia del Tribunal Supremo que rechaza subvencionar este patrón pedagógico con fondos públicos.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del sector, después de que los sevillanos Ribamar, Altair, Albaydar, Ángela Guerrero y Nuestra Señora de Lourdes de Carmona, así como la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Altair, ya hayan presentado, asimismo, su propio recurso. Todos estos centros comparten representación jurídica, razón por la cual se produjo esta primera tanda.

Por otra parte, los centros esperan beneficiarse de una solicitud presentada para revertir la situación y gozar del concierto denegado por la Junta el pasado año en virtud de una disposición transitoria de la recientemente vigente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

Es la existencia de la reforma educativa lo que hace imperar entre esta comunidad un "optimismo" respecto a la decisión judicial, razón por la cual los colegios más humildes están decididos a "aguantar el tirón" a pesar de que un año más sin concierto les abocaría al cierre. "La tristeza es tener que demorar el plazo y esperar a una resolución judicial", ha subrayado García.

Los padres se han congratulado de que la Junta de Andalucía vea una posibilidad "real" de que los tribunales reconozcan a estos colegios el derecho a ser concertados tras las palabras del consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, que aseguró que no rectificará el rechazo de la administración autonómica a concertar a los colegios diferenciados salvo si éstos "ganan en los tribunales".

Los centros andaluces implicados son Campomar de Aguadulce (Almería), Torrealba de Almodóvar del Río (Córdoba), Zalima de Córdoba, Yucatal de Posadas (Córdoba), El Soto de Chauchina (Granada), Nuestra Señora de Lourdes de Carmona (Sevilla), Ángela Guerrero, Albaydar, Ribamar y Altair de Sevilla capital, Elcható de Brenes (Sevilla) y el Molino Azul de Lora del Río (Sevilla).