La organización Global Witness ha denunciado este martes en un informe el aumento de muertes de activistas defensores del medio ambiente y el derecho a la tierra entre 2002 y 2013 en el mundo, sobre todo en América Latina.

En el documento, divulgado en Londres, la organización no gubernamental afirma que en esta década al menos 908 personas perdieron la vida en 35 países por defender el medio ambiente y el derecho a la tierra en el periodo citado, aunque los últimos años han sido los peores.

De acuerdo con el documento, más del 80% de las muertes registradas correspondió a América Latina y Brasil es el país más peligroso para este colectivo.

Según esta ONG -que lucha contra la corrupción, la pobreza y defiende los derechos humanos-, este alarmante incremento de muertes responde a la fuerte competencia por acceder a los recursos naturales, especialmente en países latinoamericanos como Brasil, Honduras y Perú, y también en otros de la zona de Asia-Pacífico.

Con motivo de cumplirse este año el 25 aniversario de la muerte del activista y recolector de caucho brasileño Chico Mendes, el informe de Global Witness, titulado "Ambiente mortal", señala que la falta de información sobre el problema de los activistas hace pensar que la cifra total de muertes puede ser aún mayor.

De acuerdo con el documento, Brasil es país más peligroso para defender el derecho de la tierra, pues se produjeron 448 muertes en ese periodo, seguido de Honduras, con 109, y Filipinas, con 67, mientras que la cifra correspondiente a Perú es de 58.

El grupo añade que el año 2012 fue el peor para los activistas, pues se registraron 147 muertes, casi tres veces más que en 2002, mientras que la impunidad está extendida ya que apenas 10 responsables de estos fallecimientos fueron condenados.

Oliver Courtney, representante de Global Witness, advirtió del peligro actual para los activistas y confió en que este documento sea una llamada de atención sobre la situación para los Gobiernos nacionales y la comunidad internacional.

Global Witness señala que las comunidades indígenas se ven afectadas pues en muchos casos el derecho a sus tierras no ha sido reconocido por ley o en la práctica, por lo que son vulnerables a la "explotación de poderosos intereses económicos".

En ese sentido, la ONG dice que los principales problemas en Brasil son las disputas por las tierras y el talado, mientras que la situación en Filipinas está vinculada al sector minero. Global Witness pide un esfuerzo coordinado para seguir de cerca la situación, especialmente de la ONU.