El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Javier López-Escobar, y la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, han mostrado su predisposición al diálogo para alcanzar acuerdos y buscar vías de solución para que el servicio de transporte interurbano de viajeros no se interrumpa en ningún momento tras el anuncio de cierre de la estación de autobuses.

Las instalaciones han centrado parte del encuentro mantenido este lunes entre ambos con motivo de la ronda de entrevistas que la nueva regidora está manteniendo con diferentes colectivos e instituciones.

Durante la reunión, el responsable de la Junta en la provincia y la alcaldesa han trasladado su voluntad de colaboración y entendimiento en la coordinación de acciones que impliquen a ambas administraciones.

Como tema urgente, han abordado la situación de la estación de autobuses, que prevé cerrar sus puertas el 30 de junio. Estas instalaciones están calificadas como "aparcamiento" o "apeadero de viajeros" tras no conseguir la autorización regional correspondiente para su conversión en estación.

Esta situación impide que los responsables de la gestión puedan cobrar un canon por la entrada y salida de los autocares con viajeros, así como por el uso de servicios generales de la infraestructura. Sin embargo, el contrato con la mercantil Compañía de Aparcamiento Regulado S.A (Carsa), a la que se adjudicó la gestión en 2007, establecía que la concesionaria cobraría las tasas, para lo cual se modificaron las ordenanzas fiscales.

En marzo de 2011 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la modificación fiscal reguladora de la tasa, pues según la resolución no se puede cobrar por la prestación de servicios de una estación de autobuses que no está calificada legalmente como tal y es por tanto un apeadero de viajeros.

El Ayuntamiento presentó recurso de casación contra la sentencia, si bien el Tribunal Supremo lo desestimó y falló en contra del Consistorio, al que condenó a pagar las costas y una compensación a Carsa de 198.000 euros.

El pasado 20 de marzo, tras expirar el contrato con esta, el entonces alcalde, Pedro Arahuetes, anunció que el Consistorio no estaba en disposición de asumir la gestión directa de las actividades que se realizan en la instalación y puso el aparcamiento a disposición de la Junta como administración competente del transporte interurbano.

Como alternativa a lo anterior, propuso que la Junta asuma la financiación de las obras oportunas para que el actual apeadero sea considerado estación de transporte de viajeros y pueda así el Ayuntamiento hacerse cargo de su gestión.

Sin perjuicio de lo anterior y debido al interés público de las actividades que se prestan en la instalación, indicó que el Consistorio continuará de una forma transitoria y excepcional permitiendo la prestación de las mismas hasta el 30 de junio de 2014, fecha en la que se espera tener un pronunciamiento por parte de la Junta acerca del ofrecimiento realizado.