El PSOE dice que si las medidas de liquidez "no tuvieran letra pequeña" el alcalde "habría salido a contarlas"

El secretario general del PSOE de Jaén capital, Manuel Fernández, ha insistido este viernes en señalar que las medidas de liquidez solicitadas por el Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda conllevan un "impuestazo" a cambio de las mismas, tras lo cual ha argumentado que "si no tuvieran letra pequeña", el alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), "habría salido y dado la cara" para contarlas.

El secretario general del PSOE de Jaén capital, Manuel Fernández, ha insistido este viernes en señalar que las medidas de liquidez solicitadas por el Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda conllevan un "impuestazo" a cambio de las mismas, tras lo cual ha argumentado que "si no tuvieran letra pequeña", el alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), "habría salido y dado la cara" para contarlas.

Fernández se ha pronunciado de esta manera en una nota después de que haya sido el concejal de Hacienda y Comunicación, Miguel Contreras, quien haya anunciado en una rueda de prensa que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha resuelto "de forma favorable" para el Ayuntamiento la solicitud de medidas de liquidez que éste le había realizado en el marco del Real Decreto-ley 8/2013.

Según el líder de los socialistas de la capital, el alcalde ha tenido "guardadas en el cajón durante una semana" dichas medidas "para no revelar la letra pequeña del impuestazo que espera a los jiennenses", ya que, según ha abundado, algunas de éstas traen consigo unas exigencias cuyo cumplimiento es "muy amargo".

En concreto, Fernández Palomino se ha apoyado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 29 de junio de 2013 para enumerar "las contraprestaciones que debe afrontar el Ayuntamiento por aceptar disponer de liquidez", entre las que figuran, según ha citado, el que "durante tres años" los servicios públicos deban "financiarse solo con lo que por ellos se cobre a los vecinos", lo que conlleva, según ha apuntado, que aquellos servicios que "estaban siendo sufragados con fondos municipales en parte deberán de dejar solo en manos de tasas y precios ciudadanos su supervivencia".

Además, "deberán aprobarse tipos de gravamen en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)", el Ayuntamiento deberá "reducir un cinco por ciento sus gastos de funcionamiento en los capítulos de personal y gastos corrientes y no aumentarlos durante dos años", así como que "el control directo de cada euro que se mueve en las cuentas municipales se haga por parte del Ministerio de Hacienda en lugar de por el equipo de gobierno".

De igual modo, según ha avanzado, habrá que "proceder a la disolución de las sociedades públicas que no resulten rentables", como son los casos, según ha remachado, de Somucisa, la empresa que gestiona la radiotelevisión pública local, y Epassa, la responsable de los aparcamientos.

Así las cosas, el secretario del PSOE local ha instado al alcalde a "dar la cara en este particular Viernes de Dolores al que se enfrenta ahora en la Alcaldía" y "explique qué efecto van a tener estas medidas en estas sociedades y en el empleo público que amparan".

Igualmente, el socialista ha negado que su partido "meta miedo y genere alarma sobre las consecuencias de estas medidas", como ha sostenido este viernes el concejal de Hacienda, ya que, en su opinión, lo que hace es citar "las condiciones objetivas que Rajoy le pone a De Moya en el BOE".

Tras conocerse que el alcalde abordó estas medidas en una reunión, el pasado martes en el Senado, con el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, Fernández Palomino ha insistido en que si el regidor "estuviera muy contento con la generosidad del ministro con estas medidas" habría salido "a todo trapo a contarlas", y, sin embargo, "las ha escondido y negado".

"Le ha faltado que le cantara el gallo por mentir", ha agregado antes de apuntar que "al PP le ha molestado que sea el PSOE el que le haya forzado a contar que ya tienen sobre la mesa las condiciones con las que afrontar la liquidez que les brinda el Gobierno", porque, en su opinión, el ejecutivo local pensaba "taparlo en el fragor de la Semana Santa y no han tenido más remedio que salir a reconocer que tienen que aplicar 'la tijera de Montoro' en el presupuesto de 2014", que, según ha apuntado para concluir, "lleva un retraso de cuatro meses a la espera de que se concedieran estas medidas".

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