El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, ha hecho pública este viernes una resolución en la que atribuye a 15 de los 19 fascistas que asaltaron el Centro Blanquerna el 11 de septiembre del 2013 delitos de desórdenes, atentado contra la autoridad, amenazas y daños, además de tres faltas por lesiones. En cambio, archiva la causa contra los otros cuatro porque no puede acreditar su participación.

La resolución, firmada el 8 de abril, hace un repaso de los hechos que tuvieron lugar el 11 de septiembre del 2013 cuando una veintena de personas irrumpieron en el Centro Cultural Blanquerna, donde se estaba haciendo el acto institucional de la Diada en el momento en que el delegado del Ejecutivo catalán se disponía a tomar la palabra.

Según el juez instructor, lo hicieron "con el fin de protestar" y "impedir la celebración" del acto, y en el transcurso de los hechos causaron daños a las puertas y mobiliario del local por un valor superior a 400 euros. También llamaron al delegado del Govern "catalán de mierda" y le dijeron que lo matarían.

En su escrito, explica que al menos Jesús Fernando F.G. propinó un golpe al diputado de CiU Josep Sánchez-Llibre, e identifica a Juan Luis L.G. como la persona que golpeó al delegado del Govern en Madrid, Josep Maria Bosch Bessa; y a Pedro C.V., como el agresor de un cámara de TV3. Además, sostiene que le primero fue quien roció el espray pimienta —aunque las defensas negaban que se hubiera usado en el interior del local— que provocó picores e irritaciones entre los asistentes al acto, por los que varias personas tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios.

Con todo, podrían enfrentarse a hasta nueve años de cárcel. Les acusa de un delito de desórdenes públicos con un posible agravante del artículo 557.2 (que permite una pena superior cuando el delito se comete "con ocasión de la celebración de acontecimientos o espectáculos que congreguen un gran número de personas" o en el interior de recintos), uno de atentado contra la autoridad, otro de daños y uno de amenazas contra Bessa. También les atribuye tres faltas de lesiones.

El magistrado argumenta que los asaltantes actuaron de forma organizada y tenían un "designio común" para actuar como lo hicieron: "la interrupción del acto y el ejercicio de una violencia moderada y controlada contra quienes se opusieran a su actuación". Este carácter colectivo es el que le permite atribuir a todos los imputados las agresiones físicas.

En cambio, el magistrado archiva la causa contra cuatro de los detenidos porque no puede acreditar su participación. Explica en su resolución que dos de ellos niegan que estuvieran al lugar de los hechos y que no hay imágenes que permitan identificarlos. Los otros dos admiten que estuvieron en la calle, pero aseguran que no llegaron a entrar.

El Ministerio Público y las acusaciones personadas tienen ahora diez días para presentar su escrito de calificación y pedir la apertura de juicio oral o bien el archivo de la causa.