El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha manifestado que la Comunidad autónoma ha dado de alta en 2013 a 1.677 personas en el sistema de atención a la dependencia, de las que 780 se corresponden con prestaciones económicas vinculadas al servicio y 84 al entorno familiar, 589 son para una residencia y 224 para centro de día.

Así lo ha expuesto Oliván en el pleno de las Cortes de Aragón en respuesta a una comparecencia solicitada por IU, en la que también ha informado de que en lo que va de año se han dado se han dado 386 prestaciones económicas vinculadas al servicio, 109 plazas de residencia y 42 de centro de día, que suman 537 altas nuevas.

Por otra parte, de las 8.500 personas con una prestación reconocida, pero que todavía no la perciben, el consejero ha remarcado que 4.500 de ellas tienen el grado uno, "que entra en vigor en 2015", mientras que sobre la reducción del grado que han sufrido algunos dependientes, ha comentado que "es consecuencia de una simple y estricta aplicación de los baremos de la dependencia", modificados por el anterior Gobierno central del PSOE "a finales de la legislatura".

El consejero ha subrayado el cambio realizado por el actual Ejecutivo de Aragón para "priorizar los servicios" y dejar las prestaciones económicas en el entorno familiar como algo de "excepcional", lo que permita "garantizar más la calidad", además de que supone "cumplir con la voluntad de la ley".

Oliván ha reconocido que este sistema es más caro y ha glosado que "por cada dos prestaciones económicas vinculadas al servicio, se pueden dar tres en el entorno familiar". Por otra parte, ha mencionado otras medidas que se han desarrollado en esta legislatura como "el análisis y depuración de las bases de datos, fundamentalmente por fallecimientos".

Asimismo, se ha adecuado y redistribuido el conjunto de los recursos humanos para que sean "más eficaces y eficientes", se cuenta con una nueva base de datos que "mejora la gestión del sistema" y se ha trabajado con la colaboración de las entidades locales "para la puesta en marcha de la ayuda a domicilio y teleasistencia, después de la norma que tenemos que publicar".

Igualmente, ha anunciado que la semana que vienes se presentará la web 'Social Informa', dirigida a los usuarios de los servicios sociales y que permitirá trámites telemáticos como la solicitud de la dependencia.

Respecto a la falta de información que achaca el Tribunal de Cuentas a Aragón, ha indicado que "la primera vez que tuve constancia fue cuando leí el dictamen" y ha opinado que este organismo podía haber solicitado datos complementarios "si entendía que no habíamos aportando lo que requerían".

"dejar morir"

La portavoz de IU, Patricia Luquin, ha acusado al Gobierno de "dejar morir lentamente la ley de la dependencia en Aragón" puesto que esta Comunidad es la que "en un año más ha empeorado", para mencionar que según el Tribunal de Cuentas esta Comunidad "no tiene dinero suficiente para la dependencia" y que "ha habido falta de información".

La diputada ha querido saber "si esto es verdadero o falso" y también ha pedido a Oliván que explique "qué mecanismos va a poner encima de la mesa para resolverlo", si va a apostar por plazas públicas de residencia de mayores, centros de día y el servicio de ayuda a domicilio, así como atender "a toda la población" que tiene el derecho reconocido porque "estamos hablando de personas en situación de dependencia".

La diputada del PSOE, María Victoria Broto, ha dicho que Aragón es la primera Comunidad "en desmantelamiento" de la dependencia, una ley en el que el PP "nunca creyó" y la presidenta del Ejecutivo autonómico, Luisa Fernanda Rudi, "todavía menos", con una media en la resolución de los expedientes de 242 días, frente a los 219 de la media de España y sin atender, por ahora, "ni prevención, ni teleasistencia, ni ayuda a domicilio, ni el asistente personal".

La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha preguntado a Oliván si "¿es prioritario para usted la atención a la dependencia" porque "no nos queda claro" ni de su intervención y "mucho menos de su gestión", para comentar que por la "prioridad y obsesión" en la "contención del déficit y sostenibilidad económica" de este Gobierno no se dan "ni prestaciones económicas, ni las altas en los servicios".

El diputado del PAR, Manuel Blasco, ha señalado que la Administración General del Estado no está cumplimiento con la aportación financiera y ha defendido "ajustar los recursos de que se dispone a las necesidades, sustituir prestaciones económicas en el entorno familiar por servicios" y "conseguir alcanzar el cien por cien" de personas atendidas, así como "mejorar los plazos".

La diputada del PP, Carmen Susín, ha recalcado las "mejoras para lograr un cambio estructural en atención a la dependencia", que han permitido que frente al 63 por ciento que había 2011 de prestaciones al entorno familiar ahora haya un 57,11 e incrementar los servicios del 36,7 al 42,8 por ciento, así como para "depurar las bases de datos", entre otras cosas.