La Audiencia Provincial rechaza que Gallardón sea citado como testigo en el caso Nóos

Alega que las diligencias pedidas por Torres no son "objetivamente necesarias e imprescindibles en el presente momento procesal"

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha rechazado que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sea citado a declarar como testigo en el caso Nóos, una petición que cursó el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, a fin de que esclareciese cómo se negoció el convenio por el que una fundación sucesora de Nóos percibió 144.000 euros públicos para preparar la candidatura olímpica de Madrid 2016, sin que en la actualidad haya constancia de los trabajos realizados.

El juez instructor de la causa, José Castro, ya desestimó el pasado 20 de febrero esta solicitud, contra la que Torres interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia. Se trata de una petición a la que ya se opuso en su día la Fiscalía Anticorrupción, mientras que, por su parte, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, se adhirió a ella al sostener que la "estrecha" relación y colaboración entre Gallardón y el Duque de Palma "culminó" con la concesión de los fondos presuntamente desviados.

La Sala confirma así, mediante un nuevo auto, la resolución dictada por Castro, al alegar que "dado el momento procesal" en que se encuentra la instrucción del caso Nóos, ya en su recta final, las declaraciones solicitadas por Torres -la de Gallardón y otros testigos- "devienen innecesarias", sin perjuicio, aclara, de que puedan ser aportadas como medios de prueba durante la celebración del juicio de la causa.

El tribunal, presidido por el magistrado Diego Gómez Reino, incide de este modo en que las diligencias solicitadas por Torres no son "objetivamente necesarias e imprescindibles en el presente momento procesal", si bien asevera que no por el hecho de que Gallardón no vaya a ser interrogado por Castro "quedará afectado el derecho de defensa".

Junto al ministro y exalcalde de Madrid, la defensa de Torres también solicitaba la citación del exministro de Industria José Montilla y del exsecretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky, entre otros, para que aclaren su intervención en las negociaciones del convenio investigado.

El abogado de Torres, Manuel González Peeters, apuntaba en su petición que "es evidente que existía una relación entre Urdangarin y el actual ministro de Justicia, que venía de tiempo atrás". Una relación que, afirmaba, se centraba en aspectos "meramente deportivos ajenos a Nóos", como el vinculado a la colaboración del Duque de Palma en la candidatura olímpica de Madrid, mientras que en otras "los contactos sí tenían que ver de modo más directo con Nóos y los proyectos que malintencionadamente se ponen en tela de juicio".

La defensa de Torres aportaba junto a su escrito numerosos correos electrónicos en los que se abunda en las negociaciones para la preparación de la candidatura, y en las relativas a la elaboración de un libro publicado por el Duque.

De hecho, en uno de los emails, del 2 de marzo de 2006, se pone de manifiesto que Lissavetzky ya había informado personalmente del acto de presentación del libro en el que iba a estar presente el Duque, y que iba a estar presidido por Gallardón. En otro, se informa de que hubo numerosos invitados entre los que se encontraban el exministro Pedro Solbes, quien por razones de agenda no pudo asistir a la presentación. También Montilla se encontraba entre esos contactos.

"Es evidente que el actual ministro de Justicia no debió guardar precisamente un mal recuerdo de ese acto, pues no de otro modo cabe entender el correo del 29 de marzo de 2006, que muestra cómo Gallardón acudió a Urdangarin para proponerle una participación muy activa en la candidatura de Madrid 2016, que finalmente éste rechaza para sugerir la intervención de Carlos Sainz, otro de los intervinientes en el libro", incidía González Peeters en su escrito.

Mantiene la imputación de coghen,

De la villa y corral

Mientras tanto, la Audiencia acordó recientemente mantener la imputación de la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen, del director financiero Gerardo Corral y de quien fuera director de Deportes del Ayuntamiento de Madrid bajo la alcaldía de Gallardón, Miguel de la Villa, a raíz del pago de 144.000 euros. Mediante un auto al que tuvo acceso Europa Press, el tribunal ratificaba los argumentos que ya expuso el juez Castro en septiembre del pasado año para denegar el archivo de estas imputaciones.

La Sala se mostraba "totalmente de acuerdo" con el criterio del instructor del caso Nóos al considerar que no es el momento procesal oportuno para decidir al respecto. Los investigadores apuntan a que los pagos que percibió la FDCIS no respondían presuntamente a trabajo alguno, y se materializaron en virtud de un convenio marco de colaboración rubricado el 7 de octubre de 2007 entre Miguel de la Villa en nombre de Madrid 16, y Torres en representación de la sucesora de Nóos, con una duración prevista de dos años -hasta octubre de 2009-.

Entregas de dinero entre octubre de 2007 Y

Noviembre de 2009

En concreto, las entregas de dinero fueron efectuadas entre octubre de 2007 y noviembre de 2009, pese a que el convenio no contemplaba contraprestación económica alguna y sin que conste trabajo alguno por parte de la FDCIS que las justifique, tal y como asevera en un escrito el fiscal Pedro Horrach.

No obstante, entre la documentación del Área de Gobierno de las Artes del Ayuntamiento de Madrid fue localizado un escrito de cuatro folios con el título 'Memoria' anotado a mano y fechado el 2 de diciembre de 2011, más de dos años después de que finalizase la vigencia del convenio y 25 días después de los registros efectuados en el marco de la denominada Operación Babel (7 de noviembre de ese año).

Como supuesta autora de la misma, la propia Coghen, sin que el documento estuviese firmado. Un "intento burdo", a juicio de la Fiscalía, de "justificar 'a posteriori' las entregas de dinero que, en su momento, se realizaron desde la Fundación Madrid 16 a la FDCIS", a la que la acusación considera "una prolongación del Instituto Nóos".

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