La fiscalía pide 51 años de cárcel por el desvío de fondos de una fundación cercana a UDC

  • Pide penas de hasta 17 años de prisión para tres exresponsables de la Fundació Catalunya i Territori.
  • El fiscal sostiene que UDC recibió fondos para saldar deudas.
  • Uno de los acusados es el exgerente de UDC Josep Maria Núñez, ya fallecido.
El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, durante su intervención en el debate sobre el estado de la nación.
El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, durante su intervención en el debate sobre el estado de la nación.
JUANJO MARTÍN / EFE
El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, durante su intervención en el debate sobre el estado de la nación.

La Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona pide un total de 51 años y medio de prisión y más de 4 millones de euros en indemnizaciones y multas para los seis acusados por el desvío de fondos de la Fundación Cataluña y Territorio, afín a Unión Democrática de Cataluña (UDC). El partido que preside Josep Antoni Duran Lleida ya admitió hace unos meses haberse financiado ilegalmente en el 'caso Pallerols'.

En su escrito de calificación, hecha pública este miércoles, el Ministerio Público sostiene que UDC habría recibido fondos de la entidad para saldar una deuda contraída con el grupo empresarial IMS por los servicios prestados para la organización de congresos, reuniones o jornadas. El juez de instrucción y el fiscal concluyen que el exalcalde de Vilassar de Mar (Barcelona) y exgerente de UDC Josep Maria Núñez, fallecido del 3 de abril, y los entonces dirigentes de la fundación, Joan Albert López Sans y Miquel Àngel Cortés, desviaron estos fondos "conjunta y concertadamente".

El fiscal pide 17 años de prisión para los vocales y ocho para el expresidente de la fundación Josep Boqué, que fue director general de Consumo en los años 90. Acusa a estos tres exresponsables de la Fundació Catalunya i Territori de una estafa continuada a través de un entramado financiero que también desvió supuestamente fondos de la entidad en beneficio de la formación democristiana. También pide que indemnicen a la Fundació Catalunya i Territori por los fondos desviados a UDC que no hayan sido devueltos por el partido, cifra que asciende al menos a 61.448 euros.

En su escrito —que incluye una petición de dos años y cuatro meses para el difunto Núñez—, el fiscal Emilio Sánchez-Ulled también propone que se condene a tres años y un mes de prisión al administrador de la constructora Copisa José Cornado, que aportó fondos de su compañía para que el grupo IMS saldar una deuda de 1,1 millones derivada de un desvío de fondos de la Fundació, y un año y once meses a Xavier Soriano, vinculado a esta entidad pero que no ocupaba cargos en ella.

Este caso de presunto desvío de fondos deriva de una querella que presentó la Fiscalía de Barcelona contra una trama financiera integrada por una treintena de empresas de poca actividad que orbitaba alrededor del grupo empresarial IMS y de la Fundació Catalunya i Territori. Según el ministerio público, desde 2005 los acusados dejaron de exigir a UDC el pago de los alquileres y el "caprichoso beneficio económico" a favor del partido democristiano se incrementó en 2009, cuando la Fundación le vendió dichos locales a un precio "a todas luces sensiblemente inferior al de mercado".

En julio del año pasado, con la investigación judicial ya en marcha, UDC devolvió a la FCT 195.700 euros pendientes por la compra-venta de los locales y los alquileres dejados de abonar, pero el fiscal cree que la formación democristiana tiene que reintegrar aún los intereses del arrendamiento. Además, el ministerio público cree que los acusados López y Cortés pagaron con fondos recibidos de la Fundació Catalunya i Territori otros 61.448 euros que UDC adeudaba a una empresa por la prestación de servicios de organización de congresos, por lo que les reclama también esa suma que la formación democristiana no ha abonado.

Junto a este desfalco, el fiscal mantiene que los responsables de la Fundació imputados "abusaron de su condición de rectores" de la entidad para desviar al grupo IMS 1,7 millones de euros procedentes de fondos de la caja social de la entidad afín a UDC, entre los años 2004 y 2007.  Por ese motivo, les pide que indemnicen a la Fundació con el dinero que sustrajeron para "finalidades desconocidas pero que nunca fueron las sociales".

A los acusados se les imputan los delitos de estafa continuada, administración desleal y apropiación indebida, entre otros, por defraudar a entidades bancarias a través de una "pelota financiera" y emitir facturas mendaces entre sociedades del grupo, lo que motivó que el grupo colapsara en el año 2008, según mantiene el fiscal. Por ese motivo, el fiscal exige que se condene a los procesados a reintegrar a la masa concursal de la entidad Grupo IMS un millón de euros que se pagaron a la Fundació Catalunya i Territori fuera del concurso, y a devolver otro millón a Copisa por los "fondos indebidamente utilizados" de su empresa. Fuentes de UDC consultadas no han querido expresar su opinión por el momento sobre esta petición fiscal.

, ya que desde 2005 esta entidad le pagó deudas y le libró del alquiler de cinco locales. Según el auto, desviaron los fondos para "saldar deudas" con una empresa que había organizado actos para el partidoEn un auto, el titular del juzgado número 21 de Barcelona da por finalizada la instrucción de este caso, en el que mantiene imputados, entre otros, al exgerente del partido Josep Maria Núñez, al expresidente de la Fundación Josep Boqué —que fue director general de Consumo en los 90—, y a los vocales Joan Albert López y Miguel Ángel Cortés. El juez concluye que el exgerente de Unió se puso de acuerdo en 2005 con los vocales de la fundación imputados para desviar fondos de la fundación con el objetivo de "saldar las deudas" por valor de 177.931 euros que el partido democristiano, dirigido por Josep Antoni Duran Lleida, había contraído con la productora Kontrast para la organización de congresos y jornadas.

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