El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz opina que la Fiscalía de la Audiencia Nacional es la única que en estos momentos defiende la aplicación al pie de la letra de la reforma de la justicia universal impulsada por el PP, que entró el pasado mes de marzo. Le reprocha haberse quedado "sola" en su empeño y de mantener una postura diferente a la de otras fiscalías, como Antidroga e incluso Anticorrupción.

Así lo explica en contestación a la queja que la Fiscalía de la Audiencia Nacional puso ante la Sala de lo Penal, después de que el juez no admitiera su recurso contra la decisión de inaplicar la nueva ley en el caso Couso. "Se deduce, pues, que mientras una fiscalía aboga por una interpretación amplia, la otra -la de la Audiencia Nacional- respalda una interpretación más que restrictiva", apunta al final de su escrito, al que ha tenido acceso 20minutos.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la decisión de Pedraz de continuar con el Caso Couso. En opinión del Ministerio Público, el magistrado debía dar carpetazo al asunto -cerrar el sumario- y elevarlo a la Sala para que esta declarara el sobreseimiento, tal y como dice la Disposición Transitoria Única de la modificación de la ley Orgánica del Poder Judicial, publicada en el BOE el pasado 14 de marzo.

El juez no admitió su recurso y entonces la Fiscalía se quejó a la instancia superior, la Sala. Santiago Pedraz le recuerda en este nuevo escrito los motivos por los que tomó su decisión: el principal, porque existe un tratado internacional ratificado por España y de cumplimiento "obligatorio" y no facultativo, la IV Convención de Ginebra, de aplicación en este caso concreto, que no puede anularse ni derogarse con una ley interna.

Recuerda, además, que la propia reforma de la justicia universal da cabida a la persecución de delitos por parte de la justicia española cuando exista, precisamente, la obligación de un "Tratado vigente para España o por otros actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determine en los mismos". El juez dice que "solo" la Fiscalía de la AN es partidaria del "peculiar" trámite de archivo inmediato del caso.

El juez Pedraz hace mención a otras dos causas abiertas de justicia universal en la Audiencia Nacional. Explica que el juez Eloy Velasco, en el caso Ellacuría, recordó a la fiscalía cuando decidió seguir con parte de la causa que es el juez instructor el encargado de dar por concluido un sumario y también el que tiene capacidad de decidir si continúa con una investigación procesal.

Por otro lado, alude al caso de los presuntos narcotraficantes egipcios, puestos en libertad el martes por el juez Fernando Andreu tras haber sido detenidos en aguas de Almería con casi 10 toneladas de hachís, ya que en esa causa la Fiscalía Antidroga sí considera que el Convenio internacional aplicable -y que en este caso es facultativo, no obligatorio- debe primar sobre la ley interna.

"La inaplicación de la nueva ley en el caso Couso "está permitida, avalada y consolidada por la doctrina y jurisprudencia constitucional", añade el juez, sosteniendo que "no puede ser" que la Fiscalía diga que la IV Convención de Ginebra no es un tratado de obligatorio cumplimiento en España. Pedraz se extiende en su explicación sobre el origen y los objetivos de las cuatro convenciones de Ginebra, apostillando que los argumentos de la Fiscalía "sorprenderán" al mismísimo Comité Internacional de la Cruz Roja.

Así, señala que el caso Couso no investiga la muerte de un periodista, sino "un ataque a la población civil". Y que los Estados Partes como España deberían "haber hecho las oportunas reservas" a los Convenios internacionales "o, en definitiva, no ratificarlos", si en algún momento tenían la intención de limitar sus efectos en territorio nacional. Cita también jurisprudencia al respecto de otros países, como Dinamarca y Alemania.

Por último, el juez Pedraz dice que la Fiscalía se "contradice" cuando dice que la investigación del caso Couso está terminada -"arguye que no restan diligencias por practicar"- y al mismo tiempo habla de las comisiones rogatorias libradas a Estados Unidos que, añade, no han recibido respuesta alguna por parte de las autoridades de ese país. Tampoco se ha producido una declaración en rebeldía de los procesados, por lo que no se puede concluir el procedimiento.