La empresa Tenneco Automotive ha presentado un recurso de reposición contra la providencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que obliga a la ejecución de la sentencia del pasado 14 de febrero dictada por este mismo y por la que debe readmitir a los trabajadores en el plazo de 15 días hábiles desde su resolución, al aducir, entre otras cosas, que el fallo no es firme y que pone en riesgo la viabilidad de otras plantas en España.

Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, Tenneco ha argumentado que la resolución del TSJA, "además de nula por no ser conforme a Derecho", lo es también "por haber sido defectuosamente notificada al carecer de la documentación que, según los sindicatos solicitantes, adjuntan a la solicitud, y no revestir la forma de auto sino de providencia".

También se remarca que las sentencias dictadas en los procedimientos de impugnación de despidos colectivos son "declarativas y, por tanto, no ejecutables". Solo sería ejecutable, según Tenneco, si se cumplieran tres supuestos: que la sentencia sea firme, que se declarara nulo el despido colectivo y que se cumplieran los términos y requisitos previstos en el artículo 160.3 de la LRJS (Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).

Y aun cuando se considerara que la sentencia tuviera que ejecutarse, la representación legal del Tenneco recuerda quela empresa no está obligada a darle trabajo al empleado readmitido, sino a abonarle sus salarios. De hecho, señala que si se ven obligados a ejecutar provisionalmente la sentencia, eximen a sus trabajadores de prestar sus servicios una vez que la planta de Gijón no tiene pedidos.

Asimismo, la empresa no está de acuerdo con los datos de antigüedad, salarios y categorías entregados por los sindicatos respecto a los trabajadores, además de hacer constar los daños que supondría el ejecutar provisionalmente la sentencia si finalmente el Tribunal Supremo fallara a su favor, con el riesgo para el resto de plantas en España, con 962 empleados, de caer en pérdidas económicas.

Tenneco cifra en 9.335.693 euros los gastos en términos brutos y anuales que tendría que soportar si ejecutara provisionalmente la sentencia.