La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala en un atestado sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) de Mercasevilla que la Consejería de Empleo de la Junta, tras conocer la existencia de un 'intruso' en dicho ERE, no remitió al Juzgado "ni mucho menos toda la documentación obrante en el expediente, sino que se montó un expediente ex profeso", según la declaración prestada por la exasesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa.

En el atestado, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes señalan que, "al hacerse público la existencia de un 'intruso' en el ERE de Mercasevilla, acto seguido" se celebró en noviembre de 2010 una reunión en el despacho del que en ese momento era director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, a la que asistieron además el consejero de Empleo, Manuel Recio; el viceconsejero, Justo Mañas, el jefe del gabinete del consejero y otros funcionarios públicos.

En dicha reunión, según los agentes, el entonces consejero "da instrucciones de revisar todos los expedientes pendientes de pago", de manera que entre los días 19 y 21 de noviembre de 2010 se llevó a cabo la revisión de los expedientes administrativos, y en ese marco Rivera "ordenó" revisar el expediente de Mercasevilla "para mandarlo al Juzgado, foliando la Secretaría General Técnica toda la documentación y siendo revisada en la Viceconsejería antes de su remisión al Juzgado".

Sin embargo, y según la manifestación prestada por María José Rofa, "al Juzgado no se envió ni mucho menos toda la documentación obrante en el expediente de Mercasevilla, sino que se montó un expediente ex profeso".

La Guardia Civil, en sus conclusiones sobre la tramitación administrativa del expediente de Mercasevilla, concluye que "se ha tramitado y concedido la subvención excepcional prescindiendo total y absolutamente del procedimiento en el marco normativo aplicable, lo que ha supuesto una menor fiscalización y una mayor arbitrariedad en su adjudicación".

Rivas autorizó el ere de 2003

Pese a sus irregularidades

En el ERE de 2003, fueron incluidos "de forma irregular" tres trabajadores, pues no cumplían el requisito de la edad, como era tener entre 50 y 64 años, de lo que hace responsables a los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, a los miembros del Comité de Empresa y al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, que "autoriza un ERE que incluye a personas irregularmente que se beneficiarán de una póliza de seguros financiada por la Junta sin tener derecho".

La UCO recoge que tanto el presidente del Comité de Empresa, Rafael Domínguez, como Mellet, "instaron" a los trabajadores a adherirse al ERE "informándoles de que la fecha para tener cumplidos los 50 años se había prorrogado" hasta el 31 de diciembre de 2004, aunque Domínguez aseguró que el hecho de que en el acuerdo entre Comité y Mercasevilla aparezca como fecha para tener cumplidos los 50 años sea el 31 de diciembre de 2013 "es un error de corta y pega heredado de borradores del acuerdo que se habían confeccionado en reuniones anteriores".

Rafael Domínguez también aseguró que "cuando se dieron cuenta desde el Comité de Empresa de este hecho se lo comunicaron a Mellet, y que entiende que este lo subsanó directamente" con Rivas, a pesar de lo cual la UCO asevera que "no se tiene constancia formal de que el 'error' fuese comunicado ni corregido, no se haya documento que demuestre el acuerdo bilateral entre Mercasevilla y el Comité de Empresa de la prórroga de la citada fecha, y mucho menos de que se haya comunicado y autorizado tal circunstancia por la autoridad laboral competente".

Condiciones "irreales"

Por tanto, y a su juicio, "se habría instado a los tres trabajadores a adherirse al ERE bajo unas condiciones irreales, ya que la prórroga de la fecha para tener cumplidos los 50 años se habría realizado de forma unilateral y de forma irregular porque no existiría resolución por la que" Antonio Rivas "hubiese autorizado tal medida".

En relación al ERE de 2007, recuerda que fue incluido como 'intruso' Antonio Garrido Santoyo, un miembro de la ejecutiva local socialista de Baeza (Jaén) que "nunca ha trabajado" para el mercado central al que le fueron asignadas unas rentas de 441.961,27 euros y que "conocía desde hace muchos años" al 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas.

Este último también fue incluido en una póliza vinculada al expediente, lo que "no puede corresponder sino a un intento de pagar una parte de la comisión de éste por su mediación con la Junta para que financiasen las prejubilaciones de los afectados por los ERE de Mercasevilla".

El papel de lanzas

La UCO dedica un apartado entero a analizar el "determinante" papel de Juan Lanzas "en la intermediación en los diferentes ERE acometidos en multitud de empresas andaluzas para conseguir la financiación de los mismos" por la Junta, precisando que, en el caso concreto de los dos expedientes del merca, "su intermediación ha sido crucial y los réditos que habría obtenido habrían sido sustanciales", pues "habría utilizado a empresas y personas para cobrar o intentar cobrar importantes comisiones por su labor de intermediario" en dichos ERE.

En este sentido, asevera que la empresa Maginae Solutions, administrada por su cuñado Ismael Sierra, "se habría utilizado para facturar a Mercasevilla un total de 166.048,20 euros en concepto de actuaciones/trabajos contratados para la mejora de la plantilla y asesoramiento para la mejora de las relaciones laborales", facturas que "finalmente se habrían utilizado para articular el pago de otros conceptos muy distintos a los expresados en las mismas", como "la escuela taller 2007, aceite y gastos derivados de la contratación de personal por parte de empresas del entramado societario de Lanzas".

Los agentes recogen que el exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García, que fue presidente de Mercasevilla hasta 2005 y "que habría dimitido de su cargo por la presión del escándalo de las facturas falsas en el Distrito Macarena, habría sido contratado, entre otras empresas, por una de las sociedades de Lanzas", en concreto por Al Andalus Mass Media.

Así, García "habría percibido retribuciones en 2007 y 2008 por un importe total de 9.321,65 euros como trabajador hasta cuenta ajena", tras lo que, un día después de desvincularse de esta empresa, "pasó a ocupar el cargo de director de Consumo en el Ayuntamiento de Sevilla a petición del propio alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín".

Los agentes señalan, respecto a Lanzas, que "ordenó" al presunto testaferro Juan Francisco Algarín "llevar sobres cerrados a Mercasevilla que podrían contener facturación falsa y recoger dinero en efectivo de Mercasevilla para que luego se lo entregase", mientras que "también lo habría utilizado para cobrar la comisión correspondiente a sus servicios prestados en el ERE de 2003, cantidad que podría ascender a 326.607,02 euros".

Tras remarcar su "notoria influencia" sobre la Dirección General de Trabajo, la UCO dice que, por su intermediación, Lanzas "habría cobrado comisiones sobredimensionadas en el ERE de 2003 y habría planeado cobrar otra importante cantidad en comisiones por su mediación en el ERE de 2007", aunque estas "no se habrían llegado a cobrar por la negativa de la Junta a asumir los compromisos de pago realizado" por Francisco Javier Guerrero.

Sobre el supuesto compromiso de pago de la Junta en relación al ERE de 2007, que la propia Junta niega, afirma que, "aunque es cierto que no existe ni protocolo de colaboración ni convenio de colaboración, no es menos cierto que existen tres compromisos de pago emitidos por Guerrero", por lo que "no sería descabellado concluir que Empleo no se habría hecho cargo de los tres compromisos de pago porque ya se habría hecho público el caso de las comisiones ilegales para la escuela de hostelería reclamadas por Mellet y Ponce".