El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), Dacio Alonso, ha instado este martes a los Ayuntamientos asturianos a "no escurrir el bulto" en lo referido a la protección de los consumidores porque, pese a la reforma de la Administración Local en la que algunas competencias se atribuyen ahora exclusivamente a las comunidades autónomas, esta sigue siendo "su competencia".

Tras un comunicado del Ministerio de Hacienda en el que se confirmaba que dicha protección correspondía a los consistorios y que, por tanto, la nueva ley no les afectaba en este sentido, Alonso ha llamado a los ayuntamientos asturianos a que "inspeccionen y sancionen" las conductas irregulares de las empresas, en lugar de "hacer competencia desleal" a las asociaciones de consumidores.

En este sentido, el presidente de la UCE ha incidido en que los ayuntamientos son "los únicos" con competencias para sancionar e investigar, por lo que les ha llamado a "cumplir con sus obligaciones" a fin de que el consumidor no se quede "desprotegido".

"Entiendo que a los Ayuntamientos no les gusta perjudicar a los intereses económicos de las empresas, no da votos políticos, pero sí ayuda a los ciudadanos", ha dicho en rueda de prensa.

Nueva ley de consumidores

A fin de "mejorar la protección de los consumidores", Dacio Alonso ha anunciado que la UCE presentará un proyecto de Ley ante la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) para renovar la Ley de Consumidores y Usuarios de 2002, que, según Alonso, "está obsoleta".

La nueva ley que propondrá la UCE nace, ha explicado Alonso, "para dar respuesta a la situación de indefensión en la que se encuentran los consumidores ante las grandes compañías telefónicas, eléctricas y los bancos".

A juicio de Alonso, esta situación de "indefensión" se ha agravado debido a la "profunda crisis económica", que ha convertido al consumidor en "súbdito y no soberano" en el mercado. Por ello, ha explicado Dacio Alonso, es necesario "reforzar el papel de las administraciones públicas para inspeccionar y sancionar el mercado, reparar el daño dentro del procedimiento sancionador y reforzar el papel de las asociaciones de consumidores en la información y gestión de reclamaciones".

En este sentido ha reclamado la creación de la figura del inspector de consumo, figura que, ha asegurado, "no hay en ningún Ayuntamiento".