El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha mostrado la "profunda preocupación" de su formación por la "deriva absolutamente tendenciosa" que está adquiriendo la instrucción del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), por lo que ha pedido que ésta vuelva "a los cauces democráticos y constitucionales".

A preguntas de los periodistas tras presentar una iniciativa parlamentaria en el peaje Lebrija-Las Cabezas de la AP-4, Jiménez ha considerado que se ha producido una "sucesión de agravios" al derecho penal, procesal y constitucional en la instrucción de este caso, con el peligro de que "tanta torpeza y tantos errores puedan terminar poniendo las bases de lo que no queremos que suceda, que los culpable no terminen pagando y el dinero no vuelva a las arcas públicas".

Así se ha pronunciado el dirigente socialista, después de que la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, enviara este lunes a la Guardia Civil al Congreso y al Senado para entregar un mandamiento judicial sobre la condición de diputados y senadores de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y del exconsejero de Empleo andaluz José Antonio Viera.

"Lo que ayer ocurrió en el Congreso y en el Senado es una muestra de la falta de consideración a un principio fundamental en una democracia que es la división de poderes y la imposibilidad de agredir la inviolabilidad de las Cortes y del Parlamento", ha afirmado Mario Jiménez.

Ha indicado que no es la primera vez que ocurre una cuestión de este tipo y que han tenido que ser los letrado del Parlamento y la Mesa de la Cámara andaluza "los que recuerden la inviolabilidad del Parlamento y de los diputados en el ejercicio de sus funciones, un principio constitucional crucial para garantizar el orden democrático".

Agradece la respuesta de posadas y garcía-ESCUREDO

En este contexto, Jiménez ha puesto en valor la respuesta en defensa del orden constitucional y de ese principio de división de poderes que hicieron ayer tanto el presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posadas, como el del Senado, Pío García-Escuredo.

"Ambos pusieron a la juez en su sitio, diciendo que un juez sólo se relaciona con las Cortes Generales a través del Tribunal Supremo y que no se puede utilizar las Cortes como una oficina de notificación", ha destacado el dirigente socialista.

Para Jiménez, la juez que instruye el caso de los ERE "no termina de comprender la necesidad de respetar el orden jurisdiccional y las competencias que en el Estado democrático le corresponden a cada uno". En su opinión, ayer se puso en evidencia que hay personas "a las que no se les está garantizando la tutela judicial efectiva que recoge la Constitución".

Y es que, según ha señalado, lo que ayer pretendía la juez es "notificar algo que dictó hace siete meses, dejando durante estos meses a personas honestas en la más absoluta indefensión". "Son perosnas que tienen su domicilio perfectametne conocido y que hace siete meses a las que se les ha dictado un auto aún no notificado, por lo que no pueden defenderse", ha concluido.