La jueza que investiga el caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha enviado este lunes una pareja de Guardias Civiles al Congreso y otra al Senado para entregar sendos oficios a los presidentes de las dos cámaras, Jesús Posada y Pío García-Escudero, según fuentes parlamentarias. En esos oficios, Alaya aludía al expresidente andaluz y diputado Manuel Chaves, al diputado José Antonio Viera y al expresidente de la Junta y senador José Antonio Griñán.

El contenido exacto del oficio no se ha revelado y se ha entregado en dos sobres sellados, pero solicitaría información sobre la situación de aforados de estos tres parlamentarios. En diciembre la jueza ya pidió a la Guardia Civil que informara a todos los políticos susceptibles de ser imputados que se había abierto el proceso y que podrían ejercer su derecho a la legítima defensa.

Los agentes, vestidos de paisano, se han personado para entregar elescrito, que ha recogido el letrado de la Secretaría General. Consultado por el citado letrado sobre qué correspondía hacer con dichos escritos, el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha ordenado que, en base a la legislación vigente, estos mandamientos judiciales debían ser enviados a través del Tribunal Supremo, dada la condición de aforados de los implicados.

Los dos escritos serán analizados mañana en las Mesas de ambas cámaras aunque las fuentes consultadas han indicado que la jueza Alaya no es competente para dirigirse directamente a las Cortes Generales, cuestión que compete al Tribunal Supremo.

Según adelantaba la Cadena SER, el presidente del Congreso, Jesús Posasda, se ha negado a recibir el oficio alegando que solo el Supremo puede relacionarse con las cámaras parlamentarias. La jueza no puede obligar a declarar a ninguno de los tres políticos mencionados, ya que son aforados y solo el Tribunal Supremo tiene competencia para hacerlo.