El consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, Luciano Alonso, ha trasladado a una representación de la Federación Democrática de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de Málaga (Fdapa) que "comparte su preocupación" por los "efectos negativos" que puede tener la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) sobre el alumnado. Así, ha expuesto alternativas para minimizar el "impacto" de la normativa sobre los estudiantes.

La puesta en marcha de la nueva Formación Profesional Básica va a suponer, ha reiterado, "una disminución de la oferta respecto a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)", además de convertirse en una "vía muerta que no conduce a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria".

Alonso ha alertado también de que su aplicación no cuenta con la necesaria financiación por parte del Gobierno central, por lo que "no debería denominarse FP Básica, sino la FP de las incertidumbres: sin normativa, sin recursos, sin tiempo y con una reducción de la oferta".

"Este modelo —ha continuado— no supone ningún avance respecto a los PCPI que proporcionan la titulación secundaria y un certificado de profesionalidad, mientras que el alumnado que curse FP Básica tendrá que realizar una reválida en desventaja puesto que no va a recibir formación para ella".

Para el titular de Educación de la Junta, la primera promoción "tendrá que perder un año para poder examinarse por la implantación precipitada de la ley". En este punto, ha criticado que el Ministerio "desprecie la importancia de la contribución de las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas devaluando los consejos escolares que son el máximo órgano de participación democrática en los centros educativos".

En este punto, ha transmitido a la Fdapa la "firme voluntad" del Gobierno andaluz de "impedir la segregación del alumnado y garantizar la equidad del sistema educativo y la igualdad de oportunidades". Según Alonso, en Andalucía 7.500 alumnos no han sido expulsados del sistema educativo por los recortes del Gobierno central en materia de ayudas al estudio gracias a la Beca Adriano.

Formación del profesorado

Por otro lado, el consejero ha mantenido un encuentro con directores de los Centros de Formación del Profesorado de la provincia de Málaga, a los que ha trasladado la apuesta de la Junta por la formación de los docentes.

Alonso ha manifestado que "Andalucía ha asumido el desafío de renovar la actualización docente del profesorado mientras que en el resto de España su estructura se está desmantelando por completo". Ha puesto como ejemplo Castilla La Mancha, que ha eliminado 32 Centros de Formación de Profesorado, dejando solo uno; la Comunidad de Madrid y Castilla León sólo tienen uno; en Valencia han pasado de 17 a nueve y en Asturias el número se ha reducido a cuatro.

"Los docentes andaluces son el principal valor con el que contamos para el desarrollo de una enseñanza de calidad y en equidad, por lo que no debemos escatimar recursos para mejorar su formación tanto inicial como permanente", ha afirmado.

Ha recordado que el Decreto aprobado el pasado agosto regula por primera vez aspectos de la formación inicial del profesorado, así como la formación para la función directiva y los objetivos y requisitos específicos de la formación permanente para todos los docentes. Sitúa la demanda de los propios centros como el principal eje de los planes formativos que desarrolle la Junta.

Así, tiene como objetivos principales mantener a la comunidad autónoma andaluza "como referente nacional en esta materia además de dar respuesta a los cambios producidos tras los 10 años de vigencia de la anterior regulación y atender a las nuevas exigencias de la Unión Europea".

También ha indicado que los 32 Centros del Profesorado andaluces van a desarrollar un total de 5.200 actividades formativas a lo largo del presente curso escolar, tanto presenciales como semipresenciales y a distancia a través del Aula Virtual y la plataforma colaborativa Colabor@.