El Gobierno revisará el protocolo de valoración del riesgo de las víctimas de violencia machista, con "planes personalizados" para la protección de las mujeres, mediante un grupo de trabajo que tratará de mejorar la situación actual.

Ésta es una de las medidas acordadas por los ministros de Sanidad, Servicios e Igualdad, Ana Mato; Justicia, Alberto Ruiz Gallardón; e Interior, Jorge Fernández Díaz; que se han reunido en la tarde de este lunes para reforzar la protección a las víctimas, tras el repunte registrado en el número de asesinadas por sus parejas o exparejas.

En el grupo de trabajo se integrarán miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Instituciones Penitenciarias, Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y Ministerio de Justicia, según ha informado el departamento que dirige Ana Mato. Los ministros han mostrado su más enérgica condena ante los últimos casos, ocurridos el pasado fin de semana en Tarragona y Jerez de la Frontera, que elevan a 21 las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año.

La revisión de las medidas actuales persigue tener constancia "permanente" de la situación en la que se encuentran las víctimas de mayor vulnerabilidad, y analizar las medidas y recursos que tengan a su disposición. Para ello se actualizará el protocolo para la valoración policial del riesgo de violencia contra la mujer, incluyendo un nuevo cuestionario, con datos como la situación laboral de la víctima y su agresor, factores de vulnerabilidad, como la discapacidad o el hecho de ser menor de edad o tener menores a su cargo, que, en todo caso, tendrán el mismo tratamiento que las mujeres, así como factores de peligrosidad del maltratador.

En la actualidad, precisa Sanidad, alrededor de 46.000 casos de entre los evaluados no revisten riesgo a tenor de los protocolos establecidos, razón por la que se revisarán periódicamente los considerados de "riesgo no apreciado". El sistema, que en la actualidad envía una alerta cada cuatro meses a las unidades, podría reducir este tiempo a tres meses para mejorar la vigilancia. Las víctimas estarán informadas en todo momento de la situación penitenciaria de su agresor detenido y se les notificarán las resoluciones que se refieran a la ejecución de la pena.

También con el objetivo de perfeccionar la valoración urgente de los casos, los ministros han acordado mejorar los protocolos médico-forenses. Se impulsará así la difusión entre las comunidades autónomas y los operadores jurídicos del 'Protocolo Médico-Forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género' y se elaborará e implantará otro de valoración psicológica.

El Ejecutivo mejorará la conexión entre Instituciones Penitenciarias y el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (Viogen), al tiempo que se adoptarán actuaciones para interconectar las bases de datos de los tres ministerios y de las comunidades autónomas. El Gobierno se ha comprometido también a garantizar la presencia de efectivos con "formación especializada" en todas las comisarías de Policía Nacional y puestos de la Guardia Civil.

Por otra parte, los juzgados de violencia sobre la mujer ampliarán su ámbito de competencia y conocerán delitos que corresponden actualmente a los juzgados de instrucción. Además de instruir casos relativos a homicidio, lesiones o contra la libertad sexual y la integridad moral, conocerán los delitos contra la intimidad y el derecho a la propia imagen y contra el honor de la mujer.

El nuevo delito incluido en la reforma del Código Penal, el ciberacoso, y otros como injurias o revelación de secretos pasarán a formar parte del ámbito de actuación de los juzgados de violencia sobre la mujer. Finalmente, el juez tendrá la obligación de pronunciarse de oficio en la comparecencia de la orden de protección cuando existan hijos menores, pauta que actualmente asumen sólo si se lo piden las partes o el Ministerio Fiscal.