El procurador socialista por Salamanca Fernando Pablos ha avanzado que el PSOE no apoyará la Ley de Autoridad del Profesorado si finalmente no se incluyen las 20 enmiendas que su Grupo lleva al próximo Pleno y que tienen como objetivo dar sentido al concepto de autoridad pública que se incluye en la nueva normativa.

Pablos ha explicado en declaraciones a Europa Press que su Grupo llevó a Comisión un total de 30 enmiendas de las que un tercio han sido transaccionadas y 20 llegan vivas al Pleno que arrancará el próximo martes y en el que se debatirá esta normativa sobre la que no ha habido una enmienda a la totalidad.

Para el procurador socialista esta normativa "no tiene mucho sentido", ya que la LOMCE incluye el contendio de la misma, al tiempo que ha señalado que el concepto de autoridad pública que se establece en la normativa es "muy relevante" para evitar situaciones como "que algún contrato temporal en una escuela concertada sea autoridad pública".

Pablos ha insistido en que este asunto "no es una cuestión menor", tras lo que ha manifestado su apoyo al "profesorado" desde la "responsabilidad".

Además, el Grupo Socialista ha advertido de que esta normativa detalla derechos pero no "deberes", al tiempo que se echan de menos la inclusión de herramientas para dar soluciones a conflictos o medidas de apoyo psicológico.

Por su parte, el procurador de IU, José María González, ha avanzado que votará en contra de la Ley al no se que se admitan sus 11 enmiendas de supresión. "No entendemos que se venda al profesorado que se incrementa su dignidad cuando a la vez se están recortando salarios", ha aseverado, tras lo que ha lamentado que se trate a los docentes como "agentes del orden".

La ley

La normativa fue presentada por el consejero de Educación, Juan José Mateos, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno del pasado 27 de junio, quien vinculó la "calidad" del sistema educativo regional con la combinación de convivencia y autoridad, que se verá reforzada con la aprobación de la Ley de Autoridad del Profesorado que se caracterizapor dos elementos: la convivencia y la calidad.

"Convivencia y autoridad van juntas y esa es una de las razones por las que Castilla y León tiene la calidad que tiene", recalcó antes de segurar que el texto otorga a los docentes presunción de veracidad en sus informes y declaraciones en caso de versiones contradictorias en un litigio derivado de su función docente.

Asimismo, y como consecuencia directa del reconocimiento como autoridad pública, en el supuesto de que el profesorado sea víctima de agresiones o intimidaciones graves derivadas de su tarea docente, éstas podrán ser calificadas como delitos de atentado a la autoridad, lo que significa un endurecimiento en las penas de los autores.

Los delitos podrán ser perseguidos de oficio por la Fiscalía, ha añadido el consejero, quien tras recalcar que Castilla y León es una comunidad "poco conflictiva" y que ni los docentes ni las familias son agresivas, se ha mostrado convencido de que la sociedad estará de acuerdo con la existencia de esta ley.

El texto

En el capítulo I, denominado 'Disposiciones generales' se incluyen cuatro artículos en los que se indica el objetivo y finalidad, el ámbito de aplicación, los principios generales y los derechos en el ejercicio de la función docente del profesorado mientras que en el capítulo II, denominado 'Protección Jurídica del profesorado', se especifica el reconocimiento de autoridad pública, la presunción de veracidad, el deber de colaboración y la asistencia jurídica.

El capítulo III (tres artículos) se refiere a las normas de convivencia de los centros, el procedimiento de comunicación de delitos y faltas y la responsabilidad y reparación de daños y, finalmente, en la disposición adicional se extiende también el reconocimiento de autoridad pública a los docentes de la enseñanzas concertada-privada de Castilla y León.

Las dos disposiciones finales habilitan a la Consejería de Educación a dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la Ley y se determina su entrada en vigor, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), por lo que entrará en vigor a mediados del próximo curso.