El desalojo de las familias que habitan sin título alguno los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de una entidad bancaria, ha comenzado a primera hora de la mañana de este domingo, y por el momento no se ha producido ningún incidente.

Según ha informado un miembro de la Intercomisión de Vivienda 15M-Sevilla a Europa Press, sobre las 8,00 horas de este domingo ha sido cuando "unos 20 furgones" de la Policía Nacional han cortado el acceso lateral de la carretera de circunvalación SE-30 y han establecido un perímetro de seguridad en torno al edificio.

De esta manera, ha comenzado la operación de desalojo de las familias que ocupan las viviendas, aunque hasta el momento no se ha producido ningún incidente, ya que, según las mismas fuentes, los agentes han ido llamando a las puertas de las casas y ha identificado a cada uno de los ocupantes de las mismas, dándoles un plazo de tiempo para recoger sus pertenencias y abandonar el inmueble. No obstante, "se han derribado las puertas de aquellas viviendas en las que no vivía nadie".

A estas horas, aún no ha salido ninguna familia del edificio, a excepción de un hombre con problemas de salud al que se lo han llevado en ambulancia, si bien desde el 15M han indicado que las familias en principio "no tienen ánimo de resistencia".

La orden de desalojo

Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número tres ya había ordenado el desalojo forzoso de las viviendas, dando un plazo para que lo hicieran de forma voluntaria, a cuenta de un presunto delito de usurpación de las mismas y, en un segundo auto, instó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a que dieran cumplimiento a dicha orden. Este plazo voluntario terminó el 18 de marzo.

Ante esta tesitura, el Grupo de Juristas Independientes 17 de Marzo, que representa al colectivo de familias, elevó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda contra el Reino de España reclamando la suspensión del auto en el que la juez instaba a las fuerzas de seguridad el cumplimiento de la orden de desalojo. Los abogados de estas personas avisaban de la violación de los artículos 3, 8 y 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos, relativos a la prohibición de tratos inhumanos o degradantes, el derecho al domicilio que incluye el derecho a una vivienda adecuada y el respeto a la vida privada y familiar.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tras dar curso a la demanda, reclamó a las autoridades involucradas en el conflicto que aclarasen "¿cuáles son las medidas a adoptar en relación a los demandantes, en especial el niño menor de edad de la primera demandante, teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad, para prevenir la violación de los artículos 3 y 8 de la convención?". La institución, así, se interesaba por las "soluciones" y los "plazos".

En su escrito de respuesta, recogido por Europa Press, el Ministerio de Justicia detalló el conflicto desde que en mayo de 2012 fuesen ocupadas las viviendas, dando cuenta de que la entidad bancaria ofrece a estas personas su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias', siendo resuelto el alojamiento de cinco de las familias una vez acreditada "una necesidad real" de vivienda y "riesgos de exclusión social", toda vez que "el resto de familias no han solicitado todavía" la evaluación social necesaria para tal acreditación.

El Ministerio informó de que la Junta de Andalucía construye actualmente un edificio de uso social que estaría listo "en siete meses" y el Ayuntamiento pone a disposición de las familias "sus servicios sociales", que serían además movilizados si finalmente media "un desalojo".

El Ministerio defendió, especialmente, que "si los demandantes no accedían a dejar el edificio voluntariamente", el desalojo efectivo sucedería "en una fecha indeterminada después del 18 de marzo y el Reino de España está en posición de asegurar que si finalmente tiene lugar (el desalojo), ni los demandantes ni los menores eventualmente afectados están en riesgo de exclusión social o desatención social". Finalmente, recordó que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento han formado un "grupo de trabajo de alto nivel" para solucionar el conflicto.