La organización ecologista Oceana ha señalado este viernes que el Gobierno conoce desde el verano de 2013, antes de que se iniciase el proceso de información pública, que la responsabilidad patrimonial de la Administración ascendería a 410.000 euros por revocar los permisos concedidos en el Golfo de Valencia, frente a Baleares.

Además, la organización ha asegurado que la Administración tiene por qué indemnizar a la empresa concesionaria en el caso de que la declaración de impacto ambiental sea negativa ya que se trataría de "una decisión científica y no política", motivo por el cual han señalado que "la decisión debe basarse en toda la documentación existente y no solo en la facilitada por la empresa, que es parte beneficiada".

Según ha explicado el director ejecutivo de Oceana en Europa, Xavier Pastor, en un comunicado, "no hay ni un solo estudio de impacto ambiental entre los presentados por las compañías que pretenden sondear aguas españolas que de verdad lo sea".

"Con la bibliografía científica existente y documentación obtenida por Oceana en las áreas afectadas, se demuestra que todos ellos eluden información sobre especies y hábitats amenazados que harían que la Administración rechazara automáticamente los permisos de actividades de hidrocarburos", ha añadido Pastor.

Asimismo, han explicado que revocar estos permisos de investigación "no causa inseguridad jurídica, siempre que se indemnice según la ley".

Cabe destacar que el senador autonómico por Baleares, Francesc Antich (PSIB), señaló este jueves que detener las prospecciones autorizadas en el Golfo de Valencia podría tener un coste de 410.000 euros en concepto de indemnización por la inversión realizada por la empresa concesionaria debido a que aún no se ha demostrado que haya hidrocarburos en las aguas del Mediterráneo.

El govern no tiene constancia

Por su parte, El Govern ha asegurado este viernes no tener constancia de cuánto costaría parar las prospecciones, porque se desconocen las indemnizaciones que se tendrían que realizar a la compañía concesionaria por el lucro cesante.

Así se ha manifestado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Núria Riera, en la rueda de prensa posterior a los acuerdos del Consell de Govern, en respuesta a las declaraciones del senador autonómico, Francesc Antich, con las que manifestaba este pasado jueves en la Cámara autonómica que detener las prospecciones autorizadas en el Golfo de Valencia podría tener un coste de 410.000 euros.