La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía va a "facturar" al Ministerio del Interior los tratamientos médicos que desde la Administración andaluza se están dispensando en cárceles de la comunidad a presos con hepatitis C, desde la premisa de que, "según la ley", es el Gobierno el que debe "costearlos".

De esta forma, el Gobierno "no puede escurrir el hombro en un tema tan gravísimo como es tratar a personas que no pueden recibir el tratamiento porque están ya privadas de libertad y cuyas vidas además están corriendo riesgo", según ha apuntado este viernes en Jaén la titular de dicha Consejería, María José Sánchez Rubio, quien, a preguntas de los periodistas, ha indicado además que en esta materia la Junta "ha retomado las conversaciones con el Ministerio del Interior a efecto de formalizar un convenio que ya hubo en su momento para el trabajo que se hace en el ámbito de instituciones penitenciarias en la comunidad autónoma".

En todo caso, paralelamente la Junta ha decidido "facilitar" dicho tratamiento médico "en aquellos casos en los que puede correr peligro la vida de las personas" reclusas que padecen hepatitis C, dado que, según ha explicado la consejera, la situación actual en ese asunto es "muy compleja".

Concretamente, Sánchez Rubio ha explicado que el Ministerio del Interior, en el que se inscribe Instituciones Penitenciarias, determinaba que "en algunos casos, los enfermos de hepatitis C tenían que recibir el tratamiento en un hospital de referencia de Madrid", lo que motivaba que hubiera que "trasladar a los internos de todas las instituciones penitenciarias de Andalucía" a dicho centro, algo que "no estaba ocurriendo", porque además, según ha apostillado, el referido hospital de la capital de España "estaba colapsado".

Ello daba lugar también, según ha añadido, a que hubiera "personas que, por ese trámite, estaban retrasando su tratamiento", que por lo demás, según ha abundado, "es costosísimo". Se trata de "un triple tratamiento que se dispensa de manera ambulatoria en los hospitales, pero que se da fuera del hospital".

En cualquier caso, según ha resumido la titular andaluza de Salud, "según la ley, la norma que regula el tratamiento de los pacientes en materia de instituciones penitenciarias", es el "Ministerio del Interior el que tiene que costear el servicio", por eso la Junta se lo "va a facturar".