El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha indicado que "es posible que un futuro tengamos que atender a más menores por conflictos familiares derivados de hechos de violencia", aunque ha esperado que "seamos capaces entre todos de cortar el crecimiento de esas cifras y podamos evitar que en un futuro haya que atender a más menores por razón de la violencia" en los puntos de encuentro familiar.

De Llera ha visitado este viernes el Punto de Encuentro Familiar (PEF) que tiene Málaga capital, que atendió un total de 470 casos en 2013, de los que 224 fueron relacionados con medidas de alejamiento u órdenes de protección de mujeres víctimas de violencia de género dictadas por órganos judiciales. El de la localidad malagueña de Marbella atendió 156 casos, de los que 114 estaban relacionados con violencia.

De momento, ha dicho, "no hemos observado que aumente ni que disminuyan" las cifras respecto a otros años, pero, ha apuntado, "me temo que van a acabar aumentando porque parece que la violencia está de nuevo creciendo, es el rayo que no cesa", precisando que "en los jóvenes ha aumento un 30 por ciento la violencia y en los niños un cinco por ciento". "Incluso, es más fácil acosar a alguien o maltratarlo a través de un teléfono móvil que de manera personal", ha añadido.

Tras su visita al punto de encuentro, el consejero ha recordado que el Gobierno andaluz acaba de aprobar un decreto que regula estos centros en toda Andalucía y pretende homologar y garantizar la calidad de los servicios que se prestan en estos puntos, que están asistidos por profesionales del mundo del derecho, de la psicología, de la educación y de trabajadores sociales, que "crean equipos técnicos especializados en mediación y en tratamientos de menores".

El objetivo, ha precisado, es "facilitar los encuentros y las estancias de los menores con sus padres no custodios". En el decreto, además, se regula de forma específica aquellos casos en los que hay una orden de alejamiento o de protección "con objeto de impedir la confrontación visual física entre uno y otro progenitor, facilitando la entrega y la estancia del hijo no incida en las órdenes adoptadas por los jueces".

"Estamos contentos con lo que estamos haciendo porque creemos que con esto se presta unos servicios muy importantes, sobre todo a los menores", ha apuntado De Llera, quien ha indicado en declaraciones a los periodistas que el interés de la Junta de Andalucía es que "los menores no pierdan sus derechos y puedan estar con sus progenitores no custodios", aunque ha apuntado que también se pretende "limitar el tiempo de estancia en estos centros".

En este sentido, ha explicado que "hay que tender a que se normalice las relaciones entre los progenitores para que a su vez la relación de los menores con unos y con otros sea espontánea y no institucionalizada a través de los puntos de encuentro familiar", añadiendo que "aquí se ayuda a los progenitores, se trata de darles habilidades parentales para que la relación pueda producirse fuera y con toda normalidad".

El consejero ha incidido en que el decreto "permitirá homologar todos los procedimientos y se ordenan una serie de mínimos con los que han de contar las entidades que se adjudiquen estos centros porque el servicio se presta a través de contratos administrativos de servicios". "Garantizamos esos mínimos y esa calidad y conseguiremos por fin conseguir una forma estructurada en todos los puntos de Andalucía", ha concluido.

Los PEF prestan un servicio temporal, excepcional y de carácter gratuito con el objetivo de propiciar la normalización de la convivencia familiar. La duración de esta intervención se limita a un período máximo de 18 meses, prorrogable mediante resolución del órgano judicial correspondiente. Además, ofrecen orientación psicosocial individual y familiar para que las personas usuarias mejoren sus relaciones y superen la situación de conflicto.

De Llera ha destacado como principales novedades del decreto que regula los PEF que se limita la duración de su intervención con las familias en conflicto a un periodo máximo de 18 meses, prorrogable mediante resolución del órgano judicial correspondiente, y se ofrece un tratamiento específico para la intervención en los casos de violencia de género.

Además, la norma establece la apertura de este servicio que estará en funcionamiento todos los fines de semanas y al menos dos tardes en días laborables, una de ellas siempre en viernes para facilitar la entrega y recogida de los menores en fines de semana.

La red de PEF de la Junta, con un presupuesto para este año de 987.227 euros, cuenta con sedes en todas las capitales de provincia y en Algeciras (Cádiz) y Marbella. Desde su creación en 2008, el servicio ha atendido a un total de 9.909 menores, en su mayoría menores de 10 años. Además, ha tramitado más de 7.910 expedientes relacionados con ellos y sus familiares, tareas para las que el Ejecutivo andaluz ha destinado más de seis millones de euros.

El 32 por ciento de los servicios prestados por los PEF están relacionados con órdenes de protección de mujeres víctimas de violencia de género, que afectan directamente al 35 por ciento de los menores atendidos. Por modalidades, el 36 por ciento de las intervenciones corresponden a entregas y recogidas con pernocta, el 33 por ciento a visitas tuteladas, el 22 por ciento a entregas y recogidas sin pernocta y el nueve por ciento a visitas no tuteladas.