La secretaria general de Inmigración, Marina del Corral, ha asegurado este jueves que la labor en materia de inmigración debe ser "constante y sólida", algo que, en su opinión, tienen que tener en cuenta todos los países; al tiempo que ha recordado que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "lo ha solicitado de manera expresa que tiene que ser una política de Estado".

Del Corral, que ha participado en las Jornadas Jurídicas 'Por el diálogo', organizadas en la capital malagueña por la APM y la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga (UMA) y patrocinadas por Unicaja, ha indicado que la situación de las fronteras en Ceuta y Melilla "es extremadamente complicada y requiere de un pacto de Estado", destacando que desde España "se presta ayuda humanitaria".

Ha asegurado que "toda la atención se centra en Melilla, en el control de frontera, en los saltos a la valla y en las personas que vienen de manera desesperada", pero ha apuntado que "las manifestaciones de la inmigración ilegal, de la presión migratoria, son muy diversas y han cambiado mucho en el tiempo", recordando, además, momentos como la crisis de los cayucos en 2006, "durante el que 39.000 inmigrantes llegaron a las costas españolas".

La secretaria general ha indicado que en materia de lucha contra la inmigración irregular, el Gobierno ha apostado por "una política sostenida y en colaboración con la Unión Europea (UE)", a través de varias líneas de actuación, como es la prevención en origen y la cooperación con terceros países "en la lucha contra las redes que trafican con inmigrantes" y la "mejora de la gestión de fronteras".

Asimismo, se ha referido a la acogida de los extranjeros en situación de vulnerabilidad y al fomento de la integración de los residentes, incidiendo en el sistema "perfectamente articulado de acogida" y en los "numerosísimos" programas existentes, sobre todo para formación y de inserción laboral.

Por su parte, la magistrada del Tribunal Supremo Margarita Robles ha señalado que acontecimientos como el ocurrido recientemente en Ceuta "en el que, al parecer se utilizaron pelotas de goma para frenar intentos de entrada, no son en modo alguno aceptables y tiene que haber un tratamiento humanitario ante esa situación límite", abogando por políticas preventivas en apoyo con otros países.

"Cuando se producen avalanchas masivas de inmigrantes hay que ser muy, muy cuidadoso con la respuesta", ha apuntado, al tiempo que ha apostado por "concienciarnos en que a la inmigración ilegal es muy difícil ponerle soluciones, porque es tal las crisis que viven en los países de los que vienen, donde la vida humana vale tan poco, que en ese sentido no vale ni vallas ni cuchillas".

Así, ha indicado que "no puede haber hipocresía" en esta materia, porque la inmigración ilegal "no se va a solucionar ni con nuevas leyes ni con medios disuasorios ni disparando a una personas que tratan de llegar a España". "Como no haya una concienciación evidente a nivel internacional de lo que está pasando en África, como no haya una lucha clara contra las mafias va a ser muy difícil", ha señalado.

"Lo que no puede ser es que los que paguen las consecuencias sean personas que después de años de vagar por toda África, que han dejado su vida en condiciones absolutamente precarias, se encuentran aquí con respuestas, en ocasiones, desproporcionadas", ha apuntado.

En este sentido, ha abogado por una cooperación de todos los países y de la Unión Europea y ha considerado "imprescindible" que haya un pacto de Estado en materia de inmigración ilegal, que "no debe ser utilizada como arma arrojadiza entre los partidos".

Robles ha indicado que la Justicia está siendo "muy pionera en la defensa de las cuestiones que se plantean como consecuencia de la crisis económica", aunque ha señalado que el tema de la inmigración "es un problema político que tienen que resolver los distintos estados en su conjunto y los jueces tienen que velar que se cumplan los derechos de todas las personas, incluidos los inmigrantes ilegales".

En este sentido, ha dicho que hay "una especial sensibilización" de los jueces de instrucción de los lugares en donde están los centros de internamientos "por velar que se respeten esos derechos". Cuestionada por estos centros, ha dicho en declaraciones a los periodistas que actualmente "son un mal menor".