Investigadores de la UGR reclaman ante el TSJA la devolución de una paga extra de Navidad

Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) han reclamado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la devolución de las cuantías que les fueron detraídas de la paga extra de Navidad de 2012 en cumplimiento del Real Decreto del Gobierno para garantizar la estabilidad presupuestaria.

Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) han reclamado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la devolución de las cuantías que les fueron detraídas de la paga extra de Navidad de 2012 en cumplimiento del Real Decreto del Gobierno para garantizar la estabilidad presupuestaria.

Esta causa se produce a raíz del conflicto colectivo que el sindicado UGT presentó contra el Rectorado de la Universidad de Granada al considerar que este decreto no puede aplicarse al colectivo de investigadores, pues contraviene a su juicio la ley de subvenciones por la que se rigen sus sueldos y cuyas partidas tienen un "carácter finalista" que no se puede modificar.

Así lo ha puesto de manifiesto la representación de UGT en la vista oral celebrada el miércoles en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Sevilla, después de que el titular del Juzgado de lo Social número 3 de Granada, que inicialmente llevaba la causa, decidiera derivarla al Alto Tribunal andaluz alegando problemas competenciales.

Esto se debe a la existencia de centros de la Universidad de Granada en Ceuta y en Melilla, según ha informado a Europa Press el responsable de la Sección Sindical de FETE-UGT en la Universidad de Granada, Antonio Oña.

El sindicato, que preside el comité de empresa del Personal Docente e Investigador (PDI) en la UGR, señala que la detracción de esta paga extra fue aplicada en cumplimiento del Real Decreto del Gobierno para garantizar la estabilidad presupuestaria y afectó a casi un millar de investigadores de la UGR, que en algunos casos se quedaron con sueldos de "unos 200 euros".

El sindicato mantiene que, además de que este decreto no es de aplicación al colectivo de investigadores, "el correo electrónico del Ministerio en el que se basó la vicerrectora de Investigación para aplicar la medida no tiene valor jurídico".

Para el sindicato, el informe jurídico de la Universidad tampoco tiene valor normativo y confía en que el fallo judicial sea positivo para los investigadores.

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